Pronóstico del Clímax

El negocio del veneno

A como están las cosas, las leyes antidrogas son no sólo incapaces de combatir con éxito las más escandalosas modalidades de los mentados “delitos contra la salud”, sino corresponsables de faltas similares.

La salud, se nos dice, es lo más importante. En esto se supone que casi todos estamos de acuerdo, cuando menos de dientes para afuera. La salud es primero. La salud ante todo. La salud blablabla. Con tamaño consenso en torno a su conspicua majestad, no es de extrañar que en el sagrado nombre de la salud se cometan innumerables actos de insalubridad pública y privada. Puesto que, ay, la salud no siempre es buen negocio.

Imaginemos un popular jarabe: se llama Tosiflux y actúa eficazmente contra la tos. Una mañana, la autoridad descubre en varios cadáveres, víctimas recentísimas de envenenamiento, rastros de Tosiflux y cianuro. Pocas horas más tarde, los investigadores a cargo del problema concluyen que hay botellas de Tosiflux con cianuro desperdigadas en farmacias y hogares del país entero. Sin ser autoridad, puede uno adelantar que las tres prioridades de ese momento tienen que ver con informar al público y empleados farmacéuticos, confiscar la existencia de Tosiflux y prepararse para atender las nuevas incidencias. Antes de deslindar responsabilidades, se asume que lo urgente es evitar más intoxicaciones. Salvar vidas. Controlar el problema.

No parece tan fácil, pero al menos sabemos que es posible. Desde que el Tosiflux es producido en unos laboratorios acreditados ante la autoridad sanitaria, es posible parar la pesadilla desde su mismo origen, tanto como encontrar la causa y al causante del atentado a la salud pública. ¿Pero qué pensaríamos de una autoridad que en lugar de parar la producción y venta del Tosiflux e informar a la gente del problema se limita a buscar a los culpables?

Son legión quienes aún se escandalizan frente a la perspectiva de despenalizar las drogas duras. Prefieren, por lo visto, que se produzcan en la clandestinidad, sin el menor asomo de control sanitario, o en todo caso abandonando éste al criterio y la ética del narcotraficante. ¿Cómo, si no sabemos quiénes, dónde y con qué producen una cierta sustancia letal o muy dañina, vamos a detener su venta o su consumo? ¿Cómo puede el Estado, garante natural de la salud pública, quedarse tan campante frente a esta lotería de la desgracia? La respuesta es monstruosa de por sí: porque impera la idea vengativa y gazmoña de que el envenenado se lo merece. No es un enfermo, sino un delincuente. ¿Y no fue un delincuente quien le vendió la droga?

No necesita uno de drogas ilegales para enviciarse. Tampoco hay que ser mago para hacerse con unos formatos de receta y comprarse las pastas suficientes para alcanzar extremos estados de inconsciencia, o inclusive la muerte por intoxicación. A la postre, no obstante, es mucho más sencillo conseguir una droga prohibida que un frasquito de Valium. Los traficantes no te piden receta, ni cumplen requisitos oficiales. Si uno de ellos decide envenenar a decenas o cientos de clientes, o si llegara a hacerlo por error, se entenderá que han muerto por viciosos. Por alguna razón, de pronto emparentada con la moralina, su salud no parece tan importante.

Cuesta mucho entender que al Estado y sus leyes inoperantes les preocupe antes el envenenador que los venenos. Y como envenenar es gran negocio, la prohibición opera como estímulo. Contra lo que suponen cándidamente los místicos de la autoridad, evitar y prohibir son verbos diferentes, y en un descuido perfectos antípodas. De modo que si vamos a escandalizarnos, permítanme empezar por santiguarme delante de un Estado que abandona la producción de drogas en manos de los peores delincuentes, al tiempo que estimula su enriquecimiento ilimitado y drástico, mediante una estrategia que en teoría restringe la oferta y en la práctica multiplica la demanda.

Nadie ignora los daños que el tabaco ocasiona a los fumadores. Tampoco es un secreto que el alcoholismo es un vicio mortífero. Sabemos estas cosas y solemos tenerlas presentes porque la información al respecto está impresa en paquetes y etiquetas. Si los consumidores de drogas ilegales, especialmente aquellas duras y peligrosas, pudieran acceder a esta clase de datos y firmar de enterados antes de administrarse la sustancia, así como asumir que su fabricación obedece a estrictos controles sanitarios, podríamos hablar de un Estado que cumple cabalmente con la responsabilidad de cuidar la salud de sus ciudadanos, sean estos virtuosos o viciosos.

Ahora bien, la salud es un tema muy extenso. Abarca, por ejemplo, el aspecto social y cultural. ¿O esperan que me crea que en una sociedad donde los traficantes son multimillonarios y la crueldad extrema es parte del negocio cabe siquiera hablar de salud pública? ¿Qué clase de salud, cuando menos mental, nos permite creer en la eficacia de una estrategia sorda que ayuda a propagar justo lo que prohíbe?

A como están las cosas, las leyes antidrogas son no sólo incapaces de combatir con éxito las más escandalosas modalidades de los mentados “delitos contra la salud”, sino corresponsables de faltas similares. ¿O es que alguien sabe dónde anda el veneno? ¿Quiénes son responsables de controlar su producción y distribución? ¿Quién le informa a la gente qué es lo que va a meterse y qué daño le hará? Mientras no haya respuestas a estas dudas, seguirá la salud en manos criminales.