Interés Público

Un poder débil

El pasado martes 24 el Centro de Estudios Espinoza Yglesias presentó los resultados de su más reciente evaluación al desempeño del Congreso del Estado de Puebla. Se trata de un documento literalmente extraordinario: no es ordinario que un centro de estudios dedique tantos recursos al análisis de un organismo público, ni que ese organismo sea un congreso local.

La acuciosa evaluación habla en primer lugar de la importancia creciente de los congresos locales en México. Una importancia que no tuvieron en el siglo XX. Han crecido notablemente en el número de diputados que los conforman y en su lugar en la opinión pública. También en lo que ésta les demanda y en las funciones que ejercen para realizar el interés público.

También habla de la importancia de que la sociedad civil dé seguimiento a los poderes públicos. Un organismo público, como un congreso, actúa de manera muy distinta si es observado y evaluado sistemáticamente. En general cualquier actividad humana tiende a ser mejor si está sujeta a “retroalimentación”, lo que implica que sea observada, analizada, evaluada.

Vista en términos generales, la evaluación del CEEY al congreso poblano no es positiva. Se evaluaron los tres años de la LVIII Legislatura (2011-2013). La evaluación numérica es baja: 6.3, 6 y 4.2 para cada año, en ese orden. La evaluación cualitativa tiene también aspectos negativos. Se trata de un congreso opaco, que no muestra al público el proceso y las razones que están detrás de lo que decide. Que tiene fallas en la lógica jurídica de las leyes y reglamentos que aprueba, incluso en la redacción de los mismos. Que desconoce las “buenas prácticas” o buenas leyes que en otros estados o países se han aprobado, y que pudieran servir de ejemplo para su propio trabajo. Ejemplo que simplificaría sus esfuerzos y daría mejores resultados.

Más que responsabilidades personales, lo que explica las fallas anteriores es el diseño institucional de nuestros congresos locales. Escribo en plural porque el caso poblano no es excepcional. Sus deficiencias son compartidas por los poderes legislativos estatales. Si hoy son poderes débiles, en el siglo XX fueron casi no-poderes, especies de departamentos donde simplemente se daba trámite a lo decidido por el ejecutivo.

La transición política los ha dinamizado y puesto en el centro del escenario público, pero no les ha dado todavía las herramientas necesarias para cumplir su papel. La reelección inmediata, que entrará en funciones en los congresos locales electos este año, será una de ellas. La no reelección ha dado lugar a legisladores inexpertos. Ha impedido la carrera parlamentaria. No es casual que el peor año para la legislatura poblana pasada haya sido el tercero, cuando algunos diputados renunciaron a su cargo para buscar otras oportunidades políticas.

Pero no será suficiente. Como lo ha expresado Óscar Gutiérrez Parada, abogado experto en cuestiones legislativas y parte del equipo de evaluadores del CEEY, la pura reelección no resolverá el problema. La labor legislativa requiere de un equipo de profesionales de apoyo, de técnicos altamente especializados. Como sucede en el poder judicial, claramente en la Suprema Corte. Los ministros son solamente su cara visible. Detrás de ellos hay abogados expertos que analizan los casos a tratar y redactan las resoluciones que serán revisadas y presentadas por los ministros.

No hay de otra dada la complejidad de los casos tratados. Los congresos deben contar con ese cuerpo profesional, ajeno a dinámicas e intereses partidarios. Lo que aumentará los costos de la institución. Pero solo así será posible que sea un poder a la altura de lo que la realidad actual demanda.