Interés Público

Sindicalismo y corrupción

El caso de Israel Pacheco, líder del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable ayuntamiento de Puebla, toca dos cuestiones vigentes en la política mexicana de nuestros días: el lugar de los sindicatos, específicamente de los líderes sindicales, por un lado y el combate contra la corrupción por otro.
En días recientes la prensa poblana ha publicado datos escandalosos acerca de la fortuna de este líder sindical. Propiedades y viajes que de ninguna manera se explican a partir de los ingresos de Pacheco.
La prensa estaría cumpliendo una de sus funciones en toda democracia: llamar a cuentas a todo aquel que maneja recursos públicos. Pero a pesar de la aparente contundencia de la información, hay que recordar que los medios de comunicación no son jueces. Que todo ciudadano tiene el derecho a un "debido proceso".
Independientemente de lo anterior, lo publicado sobre el líder del sindicato poblano tendrá un efecto en la opinión pública, y contribuirá al desprestigio de la que fue una de las más nobles instituciones sociales en los siglos XIX y XX, el sindicalismo. Lejos de los tiempos heroicos en que defendían los derechos de los trabajadores, muchos sindicatos son vistos hoy como fuentes de corrupción para sus líderes. Más que para defender los derechos de los trabajadores, sirven, en algunos casos, para solapar vicios laborales. Logran el control de los trabajadores y a cambio obtienen prebendas ilícitas.
Los líderes sindicales no son los únicos cuestionados por la opinión pública. Partidos políticos y legisladores también suelen ser mal vistos por los ciudadanos. Pero a diferencia de los líderes obreros, no hay duda de que cumplen, bien o mal, sus funciones básicas: agregar intereses, representarlos, formar cuadros políticos, plantear proyectos nacionales, contribuir a la construcción de la agenda pública. Que algunos sindicatos cumplan sus funciones básicas es menos claro.
Israel Pacheco ha sido líder del sindicato por 14 años. Ha tratado a cinco presidentes municipales. Algunos del PRI, otros del PAN. De ser ciertas las irregularidades de las que se le acusa, ¿por qué ninguna autoridad le puso el alto? ¿Por qué hasta ahora?
Aquí entra la segunda cuestión: ¿se trata de aplicar la ley o de una maniobra política? En el viejo régimen mexicano era una costumbre meter a la cárcel cada inicio de sexenio a un político del gobierno anterior, acusándolo de corrupción. Pero no se trataba de crear una norma, de sancionar los actos corruptos. Se trataba más bien de castigar a un adversario. No se buscaba aplicar el Estado de Derecho, sino de una venganza política o de un ajuste de cuentas.
Uno de los casos más notables fue el de Carlos Jonguitud Barrios, dirigente (vitalicio) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Recién electo presidente Carlos Salinas lo presionó para dejar la dirigencia sindical. Fue el momento de Elba Esther Gordillo, otra dirigente vitalicia, hasta que el gobierno de Peña Nieto decidió lo contrario. El caso ilustra bien que se trató de eliminar a un adversario, no de cambiar la lógica del dirigente sindical: la gestión de Elba Esther no fue mejor que la de Jonguitud, para decirlo de una manera suave.
Dicho sea de paso, el carácter vitalicio de algunos líderes sindicales (como es al parecer el caso de Israel Pacheco) dice mucho sobre este tipo de liderazgos. ¿Hay algún otro cargo vitalicio en las organizaciones modernas? ¿Es compatible con el principio de rendición de cuentas, común a toda democracia?
Las preguntas quedan abiertas. Sería deseable desde luego el respeto a la ley. Y que si hubiera un cambio no fuera solo de personas, de estilos y reglas. Un cambio institucional.