Interés Público

Ayotzinapa

Entre las muchas aristas del caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos está la responsabilidad de los partidos políticos. Aunque debería haber al menos tres partidos responsables (el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano) el partido en cuestión ha sido solo el PRD. El al parecer culpable de los hechos era un presidente municipal perredista, José Luis Abarca, hoy prófugo. El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, también es perredista, y aunque nadie lo acusa de ser responsable directo de las desapariciones, sí es visto como responsable político, por omisión, de la crisis de inseguridad en aquel estado.

En el caso de Abarca, el PRD ha sido claro en desautorizar al prófugo y condenarlo. Pero eso no exime al partido de responsabilidad. ¿Por qué lo postuló candidato? ¿No tuvo forma de saber que andaba ya en vínculos con el crimen organizado, o que era una persona capaz de llegar a los extremos a los que llegó? Hay que aclarar que Abarca fue candidato también del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, que son por tanto tan responsables de su candidatura como el PRD:

En el caso del gobernador Aguirre, por el contrario, el perredismo le ha dado su apoyo ante las demandas de que renuncie para asumir su responsabilidad y facilitar las investigaciones. Aunque legalmente no sea responsable, sí parece haber una omisión política en el gobernador. Y aunque ésta sea discutible, su renuncia bajaría la presión en Guerrero y muy probablemente facilitaría la solución del problema. Aguirre fue candidato de una coalición donde además del PRD estaban el PT y Convergencia.

Sea cual sea la interpretación de la responsabilidad del partido, es claro que los hechos de Iguala dañarán la imagen perredista. Curiosamente, no parecen dañar la de los partidos que aliados al PRD presentaron las candidaturas de Abarca y Aguirre, el PT y MC.

Que los partidos tienen una responsabilidad política por los candidatos que postulan y por la forma en que gobiernan si llegan al poder, no hay duda. La cuestión es qué tan capaces son de cumplir con esta responsabilidad. Por un lado se ha dicho que si el gobierno federal no puede contra el crimen organizado, tampoco los partidos podrán, menos en “el eslabón más débil” de la política mexicana, los ayuntamientos.

Pero no se trata de acabar con el crimen organizado, sino de impedir que se apodere de los gobiernos y llegue a la brutalidad del caso de Iguala. Ahí sí es realista pedir a los partidos una responsabilidad eficaz.

Lo mismo puede decirse del desempeño de los gobernantes. Tenga que ver con vínculos con el narcotráfico o se trate de otras cuestiones, como la corrupción y el buen gobierno. Casi desde que empezó el siglo se ha hablado que la transición política mexicana dejó espacios sin balances ni contrapesos. Concretamente los gobiernos estatales. Y algunos municipales, en segundo término, pues los congresos locales y los gobernadores pueden ejercer sobre ellos funciones de control. Algo que falló en Iguala, de lo que se siguen responsabilidades.

Una posibilidad de balance y contrapeso se encuentra dentro de los partidos. Que las instancias nacionales apoyen las acciones de buen gobierno y limiten las acciones negativas de sus gobiernos locales. Dado que es una función informal, parte de la “política invisible”, no sabemos qué tan bien esté funcionando. Si es claro que hay fallas claras, en notables y graves despropósitos de algunos gobernadores. Y de fallas por omisión, como en Guerrero.

Finalmente hay que aclarar que dos males no significan un bien, en ningún sentido. Los actos vandálicos en ese estado, que han dado lugar al incendio de oficinas de gobierno y sedes partidarias, así como al saqueo de comercios, no van a hacer que los estudiantes normalistas aparezcan. No van más que a complicar el problema.

vmra58@yahoo.com.mx