Vida y Milagros

La basura en Puebla: un sistema prendido con alfileres

El viernes pasado, el periódico Milenio Puebla publicó una declaración del presidente municipal, José Antonio Gali Fayad, diciendo que los operadores del relleno sanitario de Puebla, la empresa RESA tiene 90 días para cumplir con los 15 puntos que señalara hace más de un año la instancia inspectora estatal en materia de rellenos sanitarios, la SDRSOT. Cinco son las instancias inspectoras que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 083 regulan la instalación y operación de los rellenos sanitarios en el país. A nivel federal, la Semarnat, la Conagua y la Profepa, luego las instancias estatales de medio ambiente, y por último, los mismos ayuntamientos cuando el servicio, como lo es el caso de Puebla, se encuentra concesionado.

En la recién terminada administración, aunque hubo avances, de ninguna manera fueron suficientes para meter el espacio dentro de norma. Hubo una gran incomprensión de parte de los ejecutivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia para entender y aceptar que las instancias inspectoras que marca la norma mencionada tienen todo el derecho a actuar y que sus resolutivos NO son negociables ni mucho menos secretos. Nunca quisieron acatar que no es solo el propio ayuntamiento el que vigila el cumplimiento de la Norma 083.

En 16 años, la primera visita que una instancia estatal hizo al relleno sanitario fue en noviembre de 2011, cuando la titular que tenía la atribución era Amy Camacho, que con toda responsabilidad actuó para meter al orden una operación que por años ha dejado ya mucho que desear. La responsabilidad última es del municipio, entre otras cosas porque el terreno en el cual está hoy instalado el relleno, es propiedad del mismo, aún cuando el servicio esté concesionado. Hay que reconocer que cuando la anterior administración entró, había siete hectáreas de basura sin cubrir y abundante derrame de lixiviados. Aunque se ampliaron las lagunas de oxidación y hubo una mejor cobertura, el esfuerzo no fue suficiente, por lo que los resolutivos de la SDROT no fueron cumplidos y, según lo dijo el titular, Mario Rincón, ya generaron multas y plazos fatales heredados al actual gobierno municipal.

A Chiltepeque llega el 96 por ciento de la basura de la ciudad, incluido el 20 por ciento que genera la industria local y aledaña. Y digo basura, porque cuando los residuos se revuelven y compactan se convierten en eso. El vidrio, aluminio, metales, papel, pet, o residuos electrónicos usados, pueden reutilizarse; imposible hacerlo cuando todo va junto, aplastado y roto, revuelto con los residuos de comida, cáscaras de fruta y restos de verdura dentro de un camión compactador que vierte todo en el basurero sin permitir el reciclaje. Todo el modelo de recolección y disposición de RSU de la ciudad de Puebla está urgido de una revisión técnica y jurídica completa.

Puebla es una de las ciudades del país que menos recicla, SÓLO EL 4 POR CIENTO ANUAL. Está documentado en el Plan de Gestión Ambiental que aprobamos en el cabildo el año pasado, así como en el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN) aprobado también en noviembre de 2013 y que tendrá carácter de obligatoriedad para todos los municipios del país a partir del 2015. En dicho plan viene indicado que el gas metano emanado del relleno de Chiltepeque es uno de los grandes generadores de la contaminación del aire de la ciudad de Puebla. También en 2013 quedó alineado el Código Reglamentario Municipal con respecto a las leyes superiores en materia de residuos. Se tiene ya un diagnóstico y un marco jurídico claro; solo falta voluntad política contundente para modificar el esquema de recolección, que ordena que todo se compacte, así como el esquema de disposición final, que paga por peso ingresado al relleno. No hubo voluntad por parte de los directores del Organismo Operador del Servicio de Limpia ni de los presidentes municipales a lo largo de los pasados años.

En el Consejo del OOSL quienes quisimos hacer cambios nunca tuvimos mayoría para lograr esa revisión. Ahora sí que nos mayoritearon sesión tras sesión. Por eso la declaración del presidente Gali me parece oportuna y sensata. Los resolutivos de las instancias inspectoras, cuando ya han causado estado, no se discuten ni se chicanean, se acatan. Como autoridad, el municipio tendrá que voltearse con su concesionario y ordenarle todas las medidas correctivas, para eso se les paga. Si no pueden, el contrato es claro en cuanto a las causales de recisión. El incumplimiento a la norma ambiental es una de ellas.

El hecho de que la actual administración vaya a durar casi cinco años favorece la revisión integral del actual modelo, tan prendido con alfileres, que es difícil que alguien se atreva a moverlo cuando solo se tienen tres años para hacerlo. Ojalá que este bono de tiempo no se pierda y Puebla dé un viraje hacia la sustentabilidad y mejores prácticas en este tema..