Vida y Milagros

Después del diluvio

Este 20 de octubre es la fecha que el gobierno federal fijó para presentar un informe amplio acerca de las devastadoras inundaciones que afectaron a 368 municipios en 18 estados del país, dejando un millón 700 mil damnificados y 157 muertos, 101 de ellos en Guerrero.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, que dirige Jorge Carlos Ramírez Marín, es la encargada, tanto de buscar responsables, como de, en el futuro cercano, detener desarrollos de vivienda sobre zonas claramente marcadas como de riesgo.

El Atlas de Riesgo de Sedesol tenía marcadas las zonas arrasadas en septiembre como no aptas para vivienda y dicho mapa de riesgos debió tomarse en cuenta por las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando ahí se permitieron asentamientos. Pero en Mexiquito lindo, ya sabemos que la ley y la planeación son letra muerta para muchos desarrolladores de vivienda, invasores profesionales y funcionarios públicos que ejecutan o autorizan lo que se construye.

En Guerrero, sólo tres de sus 81 municipios tenían programa de Desarrollo Urbano. En Puebla, de 217 municipios, 10% cuenta con Programas que los ordenen.

Acapulco era uno de los tres municipios de Guerrero que contaba con programa, y por eso ahora se busca a los responsables, ya que en ellos se autorizaban construcciones en los cerros que ahora se vinieron abajo con todo y casas, y que aparecían como áreas peligrosas en el Atlas Nacional. Amplias zonas estaban en cerros con más de 45 grados de inclinación.

Los mapas de riesgo se construyen tomando en cuenta el tipo de tierras que conforman las zonas, la cercanía con cuerpos de agua, ya sean océanos, ríos o presas, la inclinación de los cerros, las torres de alta tensión, los ductos de Pemex, las fallas geográficas y zonas sísmicas, así como los perímetros de volcanes activos.

Ahora, en este reciente desastre, se viene a descubrir que el Atlas Nacional de Riesgo no fue tomado en cuenta ni siquiera en los municipios con la capacidad de tener ordenamientos.

Por cierto, minas clandestinas a cielo abierto crearon hoyos en los cerros y se volvieron de alto riesgo, deslavándose con las lluvias.

Conagua también tendrá que rendir cuentas y explicar no solo el efecto hídrico que provocó el fenómeno, sino porqué 400 mil personas damnificadas estaban en zonas federales de ríos y barrancas ¿Quién autorizó o permitió los cambios de uso de suelo en esas zonas? Y hay que explicarlo porque no todas las construcciones eran clandestinas o producto de invasiones.

Aquí en Puebla tenemos un ejemplo reciente de algo mal autorizado: Un desarrollo inmobiliario de 300 casas para trabajadores de la BUAP obtuvo de la anterior administración permisos para construir en la zona federal del lago Valsequillo.

En  Puebla no podemos decir que no sabemos de estos peligros, el meteoro que afectó la Sierra Norte en 1999 dejó una devastación en la zona que está perfectamente documentada.

Las lluvias de septiembre de este año volvieron a afectar muchas de las zonas que entonces se deslavaron. No sé cuántos de los municipios afectados en 1999 tomaron previsiones para crear sus ordenamientos territoriales.

Si 14 años después aún no los tienen, nos habla de la ineficacia de las autoridades para llenar un vacío de ordenamiento que ya ha causado graves desastres y muchos muertos en la zona. En 2011, la explosión de ductos de Pemex cobraron la vida de 30 personas en San Martín Texmelucan, cuyas casas estaban en zona de riesgo, a menos de 30 metros de los ductos.

El Atlas de Riesgo marca todo eso, sin embargo nadie lo recuerda sino hasta la hora de contar los muertos, los millones de desplazados, los miles de millones de pesos perdidos y la búsqueda de culpables que hasta hoy nunca han tenido nombre y apellido.

Por lo pronto, urge que todos y cada uno de los municipios de Puebla, apoyados por el gobierno del estado, tengan un ordenamiento territorial que todo mundo conozca, y sobre todo, respete. ¿Para qué, si no, están las autoridades?