Vida y Milagros

Agua: un derecho humano que requiere de obligaciones

Aunque no lo parezca, es una buena noticia saber que la crisis del agua es más un problema de gobernanza que de disponibilidad. No es un problema irremediable y eso me parece esperanzador. Sin embargo el saber que no estamos dando los pasos necesarios para resolver el problema si es para asustar.

La gobernanza no es sólo un buen gobierno, sino un gobierno articulado y con buenos vínculos hacia el sector privado y social. Sólo eso produce la buena toma de decisiones, en este caso para una adecuada gestión del agua. El problema es que la gobernanza del agua en nuestro país es casi inexistente. Eso sí, de manera muy enfática tenemos escrito en nuestra constitución y leyes que el acceso al agua es un derecho humano. ¿De qué sirve si no lo respaldamos con los recursos financieros y las obligaciones cívicas ligadas a ese derecho?

El derecho humano al agua tiene poco sustento en la realidad financiera mundial y poco o ínfimo en la realidad financiera de México y los estados que lo forman. La federación destina el 3 por ciento de su presupuesto a la gestión del agua (134 mil millones de pesos), pero un estado como el de Puebla destina menos del 0.5 por ciento anual. En general los estados destinan muy poco presupuesto a algo que los dirigentes consideran que no se verá durante sus mandatos. El agua no rinde dividendos políticos inmediatos y, por lo tanto, los que no son estadistas sino sólo políticos posponen una inversión necesaria dándole el trato de un gasto innecesario.

Por cada litro de agua que se usa en México, se desperdicia otro. Por cada seis litros que usan, 5.3 litros son devueltos a los ecosistemas contaminados y sin tratamiento alguno. Doce millones de personas en México no tienen agua en sus viviendas.

Según Conagua, los responsables de la contaminación son la industria, la agricultura y las aguas residuales municipales, de las cuales se trata menos del 15 por ciento.

El 83 por ciento del agua potable en México los gasta la agricultura, 61 kilómetros cúbicos; el resto un equivalente a 17 mil 600 metros cúbicos de agua diarios, se destinan 9 por ciento a la industria y 8 por ciento al uso doméstico. En promedio cada persona requiere cada día de mil 200 litros de agua para cubrir sus necesidades de comida, vestido y su consumo diario: 132 mil millones de litros.

La agricultura gasta el 83 por ciento del agua y en esta actividad desperdicia el 50 por ciento por operación ineficiente y sólo produce el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De todos modos, si se mejoraran los sistemas de riego, el agua ahorrada no debiera aplicarse a extender la frontera agropecuaria, cuyo crecimiento desmedido es el mayor responsable de la pérdida de nuestras fábricas de agua, formadas por los bosques y selvas de nuestro país. Para eso precisamente se requiere de la gobernanza en este tema. Podríamos producir alimentos de manera mucho más eficiente y con un porcentaje muchísimo menor de gasto de agua. También podríamos reconvertir enormes extensiones a su uso original de suelo. En los países desarrollados la agricultura usa el 30 por ciento del agua, la industria el 59 por ciento y el consumo doméstico el 11 por ciento.

Los recursos naturales son la fuente permanente de todos los negocios. Menguar a la naturaleza es matar a la industria, a la humanidad y a toda la biodiversidad para nuestra sobrevivencia. Biodiversidad con derecho a existir e inocente de nuestro mal uso.

La inversión en infraestructura hídrica y en una adecuada gestión del agua es la clave entre un desarrollo sostenible. Nuestra gestión hídrica es muy mala y la priorización del tema está relegada en nuestro gasto público y privado. Hay un dato clave del Consejo Mundial del Agua: por cada dólar invertido en infraestructura hídrica y en una buena gestión del agua, nos ahorraríamos a mediano plazo como país entre 7 y 20 dólares. Por ejemplo, los estados de Puebla y Tlaxcala están gastando miles de millones de pesos en remediar los problemas de salud que se generan por la contaminación del Atoyac-Xochiac . Ninguno de los dos gobiernos estatales ha puesto el peso necesario que a la larga nos estaría ahorrando miles de millones de pesos en salud.

El mundo requeriría invertir 53 mil millones de dólares adicionales durante cinco años consecutivos para revertir la contaminación del agua y su escasez a nivel mundial, así como para redirigir las políticas de agua y tener los 3 mil800 metros cúbicos por segundo que los humanos consumimos diariamente; México necesitaría más o menos 700 millones de dólares anuales más para tener una gestión hídrica sostenible en 5 años. No sé si Agustín Cartens o Videgaray saben si eso es posible, pero sí sé que como país cada dólar a mediano y largo plazo nos ahorraría entre siete y veinte dólares, y esos, o salen, o nos moriremos de sed, de enfermedades o de hambre.

La lógica me dice que es hora de sacar nuestro dólar y ponerlo por delante en el presupuesto en materia de agua y en las agendas políticas de todos los partidos, tanto a nivel país, como a nivel estado, como a nivel personal. Todo el dinero que se da anualmente a los partidos debiera suspenderse y destinarse a la gestión del agua. Solo este año se dio directamente a los partidos 4 mil 031 millones de pesos, 212 millones de dólares para partidos que debieran mantenerse solos.

Es hora de replantear el derecho al agua y abordarlo como un derecho que va necesariamente acompañado de obligaciones duras e impostergables. Posponer el tema sería tan miope como lo fue posponer el tema de la calidad del aire en la Ciudad de México. Tratemos de hacer cuentas mientras dejamos de respirar tres minutos o de tomar agua tres días.