Trascendió Puebla

:Que en breve habrá un cambio de estafeta en la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado que ocupa actualmente Guillermo Bernal Miranda, lugar donde arribará un cuadro del equipo del gobernador electo José Antonio Gali Fayad.

Tómelo con la reserva del caso pero a este puesto estratégico arribarán un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de inmediato asumirá la conducción de las finanzas púbicas del estado por el complicado panorama de las restricciones al gasto.

:Que los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Movimiento “15 de Agosto” se unirán a la protesta nacional del próximo 23 de octubre en el “Día del Médico” y de manera coordinada con las organizaciones de médicos y enfermeras del país se movilizarán en la ciudad capital.

En esa fecha iniciarán una marcha que culminará con un Mitin en el Zócalo de la ciudad de Puebla por la defensa de Seguridad Social, contra la subrogación de laboratorios, diálisis y otros servicios en el sector salud, particularmente IMSS e ISSSTE, entre otras exigencias gremiales y sociales.

:Que a propósito del sector salud, el litigio por la toma de nota de la mesa directiva del sindicato de los trabajadores del Issstep entre los líderes Susana Andrade Solís y Abraham Pérez Rojas dejó a ambos con los brazos cruzados en la revisión salarial, ya que en automático la autoridad otorgó el 3% al tabulador general del salario.

En la todavía Junta Local de Conciliación y Arbitraje rechazaron los emplazamientos a huelga por revisión salarial, el de Andrade Solís porque no contaba la demanda con el respaldo de una asamblea sindical, en tanto que desechan la de Pérez Rojas por carecer de personalidad jurídica para emplazar a huelga por carecer de la toma de nota como dirigente.

:Que la diputada local del PRD Socorro Quezada Tiempo fue la primera en quejarse porque le retiraron el embute de 100 mil pesos mensuales que presuntamente recibió por debajo de la mesa, pero como dejó de ser del bloque morenovallista, ahora denuncia tal práctica en el Congreso local.

La “revolucionaria” legisladora de “izquierda” perredista debería empezar por regresar el dinero mal habido, es decir los 100 mil pesos, y devolver el salario que ilegalmente recibe como legisladora y dirigente estatal de manera simultánea, prohibida por los estatutos de ese remedo de partido.