Trascendió Puebla

:Que durante su gira de trabajo por el estado, el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer dio muestras de apertura y tolerancia porque en la reunión con padres de familia y maestros el formato diseñado por los organizadores solo contemplaba tres preguntas, pero Nuño accedió a más cuestionamientos que respondió puntualmente.

Como ocurre con otros secretarios del gabinete federal, el titular de la SEP no escatimó en elogios al gobernador Rafael Moreno Valle respecto a los resultados en la aplicación y alcances de la reforma educativa, como lo ratificó en la reunión de coordinación con los gobernadores de la zona centro del país.

:Que  La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla presidida por Carlos Moreno Sánchez, junto con la Iniciativa Ciudadana Región Puebla, a través del Observatorio Ciudadano para Migrantes-Puebla, inaugurarán la Cátedra Puebla-Nueva York.

Al evento académico en el que participan especialistas del sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) se pretende que la Cátedra sea un espacio en el que se generen y difundan contribuciones científicas y estudios de vanguardia sobre las dinámicas migratorias entre Puebla y Nueva York.

:Que  Manuel Rodolfo Trillo Hernández, el “empresario” poblano involucrado en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, era muy conocido en el municipio de Atlixco, de aquellos “empresarios” de generación espontánea, porque frecuentaba el restaurante Casa de Piedra, y no de los asiduos participantes a la Expo Show Auto- Avión que se realiza en esa ciudad sureña.

Hoy se sabe era uno de los principales operadores financieros del narcotraficante prófugo, como lo fue también su hermano Miguel Ángel, hoy preso también acusado por la primera fuga de “Puente Grande”; los empresarios Trillo aportaron recursos al Comité de Financiamiento de un candidato a gobernador en 2010, a través de las franquicias que les atribuyen.

:Que  el alcalde texmeluquense Rafael Núñez Ramírez debería exhibir los contratos para la compra de calzado y accesorios de los elementos de Seguridad Pública ante la existencia de un conflicto de intereses porque la zapatería proveedora presuntamente es propiedad del edil.