Trascendió Puebla

: Que un presunto líder del crimen organizado identificado como Roberto Alejandro Aguilar Chávez fue detenido la semana pasada en una vivienda de Santa Cruz Buenavista y remitido de inmediato  al Penal de Puente Grande, debido a su alta peligrosidad.

La aprehensión y traslado del presunto “líder zeta” corresponde a la integración de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEITA/098/2014.

: Que la Procuraduría General de Justicia a través del MP integró la AP 2406/2014/SPCH para investigar la agresión de policías preventivos contra una menor de 12 años (Arely “N”) a quien “encañonaron” con arma de cargo y la lesionaron a golpes, lo que detonó el bloqueo por  habitantes de Coronango.

: Que de acuerdo al Código Penal del estado se configura el delito de delincuencia organizada por los presuntos responsables de los delitos de corrupción de menores, violación y violencia física ejercida en la casa hogar “Domingo Savio AC” en contra de niños y adolescentes  ejecutadas por Tomás Armando Durán Martínez, Crispín García Sánchez y Javier Valencia Ramos.

De acuerdo al Artículo 186 Bis “Habrá delincuencia organizada cuando tres o más personas se organicen de hecho para cometer delitos: II.- Corrupción de menores (…);  Artículo 217. Comete el delito de corrupción de menores (…) I. A realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados (…) II. Al consumo habitual de bebidas alcohólicas (…).

: Que a pesar de tratarse de su jurisdicción, mandos federales le reprocharon con palabras altisonantes al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, el no haber actuado de inmediato para desalojar el tramo de la autopista Puebla-México.

Pero cuando Rosas ordenó el avance de los uniformados del grupo de granaderos, el grupo de manifestantes ya se habían empezado a retirar del lugar.

: Que fue tal la negligencia de corporaciones federales y Capufe que en la confusión un grupo de jóvenes oportunistas abrieron un carril e improvisaron un retén de cobro a los automovilistas, imponiendo cobros hasta de 200 pesos para permitirles el paso, sin que los federales intervinieran.