Trascendió Puebla

:Que el gobierno de Rafael Moreno Valle tiene hasta el 15 de julio para entregar el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Luis Videgaray Caso, lo ha orientado como austero y eficiente en los estados.

 

:Que en el perredismo poblando ligado a la vertiente de Los Chuchos no tiene la menor duda de que será Carlos Navarrete Ruiz el próximo dirigente nacional y han cerrado filas frente a la integración del Frente Amplio de Izquierda impulsado por los bejaranistas para postular como candidato de unidad al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Por ahora la lucha entre los grupos o tribus se centra en los módulos de afiliación porque de ahí dependerá el padrón para una elección abierta o la designación de delegados al Congreso Nacional, donde se elegiría en última instancia al relevo de Jesús Zambrano.

 

:Que el rector de la Ibero Puebla, Fernando Fernández Font, ha calificado como un atentado a la “libertad” de los estudiantes la implementación de filtros de revisión en las escuelas con el programa “Mochila segura” para detectar la portación de armas de fuego u otros instrumentos peligrosos que pudieran utilizarse para dañar a alumnos o maestros.

Se le olvida al rector de la UIA que fue justamente en el campus Puebla de esa prestigiosa universidad que uno de sus alumnos fue procesado en prisión por intento de homicidio cuando hace un par de años el estudiante acuchillo en repetidas ocasiones a quien fuera su novia poniendo en riesgo la vida de la joven.

 

:Que el recién electo dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, anunció como parte de sus primeras acciones como líder del partido que no cobrara salario y su prioridad son los ciudadanos y militantes del verde.

Aclaró que no usará el partido para beneficiarse personalmente como ha ocurrido en el pasado, en medio de excesos y escándalos, y adelantó que cambiará la imagen del partido. Para empezar ofrece trasparencia en el uso de recursos y una rendición de cuentas públicas de cómo se han ejercidos los recursos económicos de las prerrogativas provenientes del gasto público.