Trascendió Puebla

:Que no se ha convertido en un Giorganagate la compra de equipos de telefonía y equipo de móviles de cómputo para los diputados al Congreso local, pero como si lo fuera por las condiciones en las que se tomaron las decisiones en la adquisición de bienes.

La compra de los smartphone fue una decisión unilateral del presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, pero fueron los panistas los primeros en regresarlos y le siguieron los priistas.

:Que la compra motivó la intervención de la Contraloría Interna porque no pasó por el Comité de Adquisiciones los Iphone 5 para cada uno de los 41 legisladores porque lo único aprobado por la Legislatura fue la compra de computadoras móviles con un gasto de 250 mil pesos.

:Que el viernes le corresponderá comparecer en el Congreso del Estado al secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; al procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El llamado gabinete de seguridad pública deberá exhibir buenas estadísticas avaladas por organismos del gobierno federal en el comportamiento de los delitos del fuero común y de los de alto impacto, incluida la información de inteligencia que explique la estancia de tan distinguidos "residentes" en La Vista y otros fraccionamientos de lujo.

:Que el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva estará en la ciudad capital el próximo viernes para participar en un evento con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde la óptica de los derechos de género.

El presidente de la Comisión Nacionales de Derechos Humanos (CNDH) es invitado a ofrecer una conferencia magistral por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Roberto Flores Toledano.

:Que a propósito de la CNDH, ante este organismo acudieron a interponer su queja un grupo de jóvenes quienes por una denuncia de un particular fueron detenidos por policías acusados de daños en propiedad, pero alegan anomalías por el tiempo en ser presentados ante la autoridad.

Además de cometer un presunto ilícito, los detenidos piden la intervención de Derechos Humanos porque les parece elevada la fianza fijada por el Ministerio Público para que obtengan su libertad los infractores.