Trascendió Puebla


Que Jorge Cruz Bermúdez asume hoy a las 10 horas la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y será el mandatario estatal Rafael Moreno Valle quien le tome la protesta en sustitución de José Alberto Lozoya Legorreta.

Los cambios en el SEP local motivaron intensas negociaciones de último minuto con el sector magisterial que espera tener espacios en las subsecretarías de Educación Básica porque no están en condiciones de aceptar un cargo menor en la SGG.

Que entre otros cambios en el gabinete estatal se oficializará la más que cantada designación de  Antonio Gali López, el exdiputado local del PRD y actual subsecretario, como titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

Que el diputado local Leobardo Soto, líder de la CTM, impulsará en el Congreso del Estado una iniciativa para obligar a las empresas editoriales a otorgar seguridad social todos los trabajadores de medios de comunicación en el estado.

También debería promover una legislación para abolir los contratos de protección, la eliminación de las clausulas de exclusión en los sindicatos, la transparencia del manejo de cuotas sindicales y contra el enriquecimiento de líderes obreros.  

Que el empresario Antar Mendoza asumió el cargo de presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Región Sur, en sustitución de José Luis Hachity Rodríguez.

En el mismo sector privado Enrique Solana Sentíes da también un salto importante a las grandes ligas al asumir este año el cargo de vicepresidente de la Concanaco-Servytur designado por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo en diciembre pasado.

Que van en serio las demandas de firmas constructoras contra autoridades por el incumplimiento en pagos derivados de obras realizadas, adeudos que asciende a más de mil millones de pesos, y los abogados patronos advierten serán de escándalo.

Que asesorada por funcionarios menores de la SGG, la presidenta municipal saliente del municipio serrano de Chilchotla, Herminia Jimarez Martínez, prepara una demanda penal contra regidores y exfuncionarios que solicitaron por escrito a la ASE y de manera pública una auditoría a obras y cuentas públicas en el ayuntamiento.