Trascendió

:Que todo parece indicar que Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, se chamaqueó a Alejandra Barrales, presidenta del PRD, al anunciar en conferencia de prensa conjunta la posibilidad de un frente amplio opositor.

Como ya estaban ahí, frente a las cámaras de los medios, a Barrales no le quedó más remedio que secundarlo, a pesar de que el objetivo de la conferencia no era ese, sino denunciar las presuntas trampas del PRI en Nayarit, donde PAN y PRD tienen una coalición.

Tan es así que horas después la perredista tuvo que salir a contener el asunto y aclarar que la alianza con el blanquiazul para 2018 aún no era un hecho consumado. A ver.

 

:Que desde el municipio San Felipe del Progreso, en el Estado de México, el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, quien se siente muy seguro de la victoria de su candidato, Alfredo del Mazo, advirtió que su partido no permitirá que se repita el escenario poselectoral de los resultados de los comicios presidenciales de 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador organizó un plantón en Paseo de la Reforma.

El líder tricolor llamó al tabasqueño a respetar la decisión de los electores al afirmar que “la marca de la casa Morena es la movilización social poselectoral, porque son malos perdedores”.

 

:Que entre las reuniones que sostendrán la próxima semana integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que encabeza el priista Víctor Manuel Giorgana, está la que tendrán con la empresa de autos Kia.

El diálogo será en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, tema que será parte de la agenda de la interparlamentaria que se realizará en junio próximo en San Lázaro.

 

:Que le está lloviendo al Instituto Nacional de Migración.

Resulta que además de una recomendación de la CNDH por la operación de estaciones para alojar a los extranjeros con estancia irregular en México, en tanto son devueltos a sus países, ahora el INM enfrenta un juicio de amparo interpuesto por organizaciones sociales que están en desacuerdo con la manera en que las autoridades mexicanas tratan a los migrantes, por lo que pretenden que el Poder Judicial se pronuncie al respecto, argumentando la defensa de los derechos humanos.