Trascendió

:Que el PRD de Carlos Navarrete apuesta a recuperar cuanto pueda de lo perdido en las urnas y desde ahora trabaja para ampliar su bancada en la próxima legislatura de 56 a 62 diputados federales, sumando a los seis que arribarían al Palacio de San Lázaro con el emblema del PT: cuatro de ellos son militantes perredistas y los otros dos se adherirían por cuestión de subsistencia.


:Que, por cierto, debido a que la próxima bancada del PRD contará con una mayoría de integrantes de la corriente Nueva Izquierda, en dicha fracción se prevé que el ex dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano sea una de las cartas fuertes para la coordinación.

Los Chuchos también perfilan a Guadalupe Acosta Naranjo como vicecoordinador de los perredistas a partir del 1 de septiembre. En resumen, como que la petición de autocrítica y el llamado a la reconstrucción que hizo Fernando Belaunzarán cayeron en el desierto… otra vez.


:Que tras el balance electoral, la dirigencia nacional del PRI anda muy contenta con los números que entregó el coordinador del partido en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, y su vicecoordinador, Manuel Añorve, quienes no solo cerraron filas y operaron para recuperar Guerrero con su abanderado Héctor Astudillo, sino que ganaron en más de la tercera parte de los municipios y recuperaron distritos electorales de diputaciones locales y federales que el PRD mantenía desde hace 12 años.


:Que aunque la Cámara de Diputados ya cerró comisiones y está en el proceso de entrega-recepción, los órganos administrativos darán seguimiento al uso de recursos en la Comisión de Recursos Hidráulicos, que preside el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, pues hasta en su bancada dicen que dejó muchos pendientes.

Uno de ellos es que el tabasqueño tenía dos secretarios técnicos: el formal, Eric Harrsch, y otra no aprobada, LuzElizabeth Ortiz Castillo. Además, en plena discusión de la nueva ley de aguas trascendió que hicieron un viaje a Europa del que los investigadores quieren saber quién pagó.


:Que en el INAI el reto es la reticencia de los estados a homologar las leyes de acceso a la información y de protección de datos personales.

Hay estados donde incluso no hay regulación para el tratamiento de los archivos, como son Nuevo León y Veracruz, por lo que los documentos no se encuentran en óptimas condiciones para su resguardo.