Trascendió

:Que cuando le avisaron que unos 4 mil integrantes de la Ceteg se dirigían a tomar la Casa Guerrero para incendiarla, el gobernador Rogelio Ortega dio instrucciones para que la desalojaran.

Al llegar, los activistas se encontraron con las puertas abiertas y una mujer que les preguntó qué querían. Se trataba de la académica Rosa Icela Ojeda, coordinadora del Observatorio contra la Violencia a la Mujer y, además, esposa del mandatario estatal, quien les dijo que llegaban a la casa del pueblo y podían pasar sin problema.

Si bien los activistas realizaron pintas, no hicieron destrozo alguno.

 

:Que las reformas que propuso impulsar el presidente Enrique Peña Nieto son ambiciosas, aseguraron funcionarios del gobierno federal, aunque reconocieron que algunas de éstas han estado varadas por años.

Un ejemplo es la clave única de identidad, proyecto que se ha visto frustrado por largo tiempo y que en esta administración, una vez más, fue demandado por organizaciones civiles; el problema de siempre, dicen, es de dónde se van a sacar los recursos.

 

:Que la caballada está tan flaca en la lista de aspirantes inscritos para elegir al fiscal anticorrupción, que en el Senado no dudan que el proceso deba reponerse, aun cuando hay la intención de que hacia el 8 de diciembre hubiera humo blanco.

Dice la panista Marcela Torres que sin duda un tema que ha frenado la inscripción de aspirantes fuertes es el hecho de que uno de los primeros asuntos a discutir será el de la casa blanca de Angélica Rivera… y no hay muchos que quieran echarse el paquete.

 

:Que a pesar del temor a desbandadas tras la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD, cuentan que Alejandro Encinas no tiene planeado renunciar. Al menos no de aquí a 2018. Tampoco está pensando en irse a Morena, pese a que ahí tiene las puertas abiertas.

 

:Que resultaron las gestiones encargadas por el gobernador Aristóteles Sandoval para evitar un pago altísimo a una empresa de consultoría que pretendía cobrar 58 millones de pesos al Congreso de Jalisco por asesorías que nunca prestó.

Los diputados, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Pizano, habían incluso aceptado pagar porque mediaba una orden judicial; sin embargo, al final el despacho López Castro se desistió, pues fue advertido de que se le perseguiría por fraude.