Trascendió

:Que el de Tamaulipas es otro de los gobiernos locales que han pedido la presencia de elementos de la división de la Gendarmería de la Policía Federal, a pesar de que se trata de la entidad que tiene el mayor despliegue del Ejército y la Marina.

El argumento es, precisamente, que la Gendarmería podría colaborar con la estrategia de fortalecimiento de las corporaciones policiacas y así bajar gradualmente la dependencia de las fuerzas federales para mantener la seguridad. A ver.

 

:Que para la apertura del periodo ordinario y la entrega mañana del segundo Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya se descartaron medidas de seguridad especiales, tanto en los alrededores como al interior del Palacio Legislativo.

Y es que en esta ocasión el PRD no ha anunciando su participación en alguna movilización hacia San Lázaro y menos aún se prevén protestas dentro del pleno que está ahora encabezado precisamente por un perredista, Silvano Aureoles.

Asimismo, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, pidió a sus coordinadores y presidentes del Congreso, Aureoles y Miguel Barbosa, marcar distancia del gobierno federal en su pronunciamiento sobre el Informe del presidente Peña Nieto para achacarle los costos de la reforma energética. Eso sí, sin tomas de tribuna.

 

:Que para avanzar hacia la erradicación de la discriminación de las personas migrantes en la Ciudad de México, el coordinador de asuntos internacionales de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas, organiza un foro sobre movilidad humana y trato igualitario, a realizarse el próximo mes, en el que participará el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

 

:Que en el Gobierno del Distrito Federal no descartan que el atentado contra el jefe de custodios del Reclusorio Oriente, Luis Arturo Martínez Hernández, esté relacionado con las múltiples quejas que se han recibido de los internos desde que Hazael Ruiz tomó la administración de los centros penitenciarios.

Incluso toman como ejemplo las celdas VIP con servicios como baño, televisión y cama que llegaban a tener un costo mensual de hasta 50 mil pesos y que desde que cambió la gestión ascendió a más de 80 mil pesos, lo que no dudan ocurra en la cárcel donde labora el funcionario que salió ileso.