Trascendió

:Que a las autodefensas en Michoacán “les quedará claro” que, si de verdad quieren la seguridad de la población, el Estado se hará cargo mediante el empleo de las fuerzas constitucionales, incluidos los escasos policías “confiables” del gobernador Fausto Vallejo.

Con los elementos legales de Michoacán poco se cuenta: algo más de 400 efectivos, porque todos los demás no pasan la menor prueba de confianza ni eficiencia.

:Que los diálogos del gobierno federal con uno de los líderes de esas agrupaciones ilegales, José Manuel Mireles Valverde (que salió de Médica Sur, donde estuvo internado tras sobrevivir a un accidente aéreo, y cuyo paradero se desconoce), han sido dos, y esto a petición de “un prominente líder de izquierda”, quien sugirió que se otorgara “el beneficio de la duda” a quienes pretextan el evidente abandono gubernamental de la población a su suerte.

En los servicios de seguridad, sin embargo, se tiene ya una doble convicción: Mireles no tiene control real de la mayoría de esos paramilitares, y muchos de éstos están siendo equipados por bandas criminales contrarias a los Templarios.

:Que los diputados que coordina Manlio Fabio Beltrones, junto con funcionarios federales, prepararán el debate de las leyes secundarias de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado.

Extendieron ya invitaciones a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, para que asistan a la plenaria en que la bancada tricolor definirá (27 y 28 de enero) su agenda para el periodo de sesiones de febrero-abril.

:Que un cambio, en apariencia sutil, en los artículos 25 y 26 aprobados en la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 dará más juego y poder de gestión a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a su directora, Nuvia Mayorga, en las decisiones sobre dichas comunidades, que integran casi 12 millones de mexicanos.

Esas decisiones, en el texto que caducó, “podrían considerar la opinión de la CDI”, de manera optativa. Ahora se establece que planes, programas y acciones gubernamentales “considerarán la participación” de esa dependencia, que este año ejercerá casi 12 mil millones de pesos en obras de infraestructura y apoyo a proyectos productivos en 2 mil comunidades.