Trascendió

:Que las felicitaciones al senador Emilio Gamboa por la aprobación de la reforma energética le llegaron desde Los Pinos, el PRI y la Cámara de Diputados.

Y es que le reconocieron haber sacado adelante las negociaciones de la reforma estructural más complicada y polémica planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

:Que además de complicar el proceso de revisión de la minuta de la reforma energética en la Cámara de Diputados, el ala lopezobradorista del PRD y sus pares de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo reventaron un acuerdo para aprobar la reglamentación de la Ley General de Consulta Pública.

 El grupo de Jesús Zambrano había pactado con PRI y PAN que la reglamentación estuviera lista antes del viernes en el Senado, y así garantizar una sesión sin turbulencias mayores en el pleno de San Lázaro, pero como suele ocurrir en el PRD, la dirigencia propone y las tribus disponen.

 

:Que la CNTE le sigue jugando malas pasadas al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda.

 Y es que tras reunirse con el funcionario de la Segob, anunciaron que se mantendrán en plantón en el Monumento a la Revolución, pues se niegan a aceptar que la reforma educativa no puede ser cambiada y exigen recursos que no les pueden ser otorgados.

 

:Que en la Procuraduría General de la República dicen que el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, se pregunta quién está detrás de las versiones que filtran en los medios de comunicación y afirman que está muy enfermo y casi no le queda tiempo de vida.

 Comentan que seguro alguien anda tras el puesto, aunque aseguran que les fallan los cálculos, porque todo apunta a que Murillo seguirá frente a la institución cuando se convierta en Fiscalía General de la Nación.

 

:Que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal andan muy preocupados, porque tienen que discutir asuntos de dinero.

 Pero no se trata de otorgar más recursos a grupos vulnerables o de mejorar la infraestructura de los planteles de educación básica de la capital, sino de asignar unos 30 millones de pesos para manejo discrecional de los 66 legisladores locales.