Templete

:Que probablemente pocos duranguenses sepan que dos coterráneas, Beatriz Elena Galindo Centeno y Adriana Margarita Favela Herrera, participaron por primera vez en la votación que permitió al Instituto Nacional Electoral (INE) aprobar la participación de tres nuevos partidos políticos en las elecciones de 2015, donde se renovarán los 300 distritos electorales del Congreso de la Unión. Las duranguenses son consejeras nacionales del INE. Por supuesto que tendrán bajo su responsabilidad que las reformas electorales se apliquen sobre todo en las entidades donde las autoridades estatales “llevan mano”.

:Que el legislador priista Juan Ávalos participa por primera vez el viernes en la sesión del Consejo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y por supuesto que se siente más que contento. Antes llevó esa representación gomezpalatina Isabel Cisneros cuando ésta suplió a Juan Moreno por 15 días en la dirigencia del partido en esa ciudad duranguense. Al parecer, Cisneros buscó repetir, pero ya le toca, por tener la dirigencia priista, a Ávalos tomar parte en esa fiesta.

:Que antes de arrancar el periodo vacacional, el regidor panista Osvaldo Santibañez convocó a sesión a la Comisión de Comercio y Mercado para analizar el tema que busca simplificar los requisitos para la apertura de nuevos negocios en Gómez Palacio. Ahí estuvieron todos los directores, específicamente quienes autorizan las licencias de funcionamiento como el SIDARE, SIDEAPA, Protección Civil, Ingresos, Plazas y Mercados, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El dato relevante es que en Gómez Palacio se quieren aprovechar de la “desbandada” de empresas de Torreón –suponen- por la entrada en vigor de la ley de desaparecidos en Coahuila. Ahora quieren bajarle costos a la apertura de nuevos negocios, porque con todo y ley de ausencia por desaparición, Torreón cuenta con mejor infraestructura que Gómez Palacio.

:Que de pronto los políticos aunque tengan orígenes priistas no se ponen de acuerdo en el tema del combate a la violencia y las acciones que se deben seguir para evitar el daño que produce la desaparición de una persona en ese rubro –sea empleado o empresario-. Resulta paradójico que del lado coahuilense el gobernador Rubén Moreira defienda la ley de ausencia por desaparición forzada que permitiría a la familia de una víctima seguir percibiendo sueldos y prestaciones, en caso de que un juez lo dictaminara, mientras que en el lado duranguense el dirigente del PRI en Gómez Palacio Juan Ávalos diga que eso no se aprobaría porque afectaría la inversión. ¿Si en temas tan frágiles no hay acuerdos cómo esperan ponerse de acuerdo para unificar a la zona metropolitana y sus reglamentaciones?


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