Género en su tinta

Es un asunto de Justicia Social

En México: las actividades en materia de salud sexual y reproductiva están sujetas a un marco jurídico internacional y nacional. Contradictoriamente, los Estados en el país NO han adaptado sus leyes ni sus políticas públicas orientadas al cumplimiento de dichos lineamientos. Excepto el Distrito Federal, que en el año 2007 aprobó una ley para despenalizar la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana. Esta ley fue elaborada con un sentido integral que incluye la obligación del Gobierno de la Ciudad de México de realizar las tareas necesarias para reducir la tasa de embarazos no deseados. Armando Ahued, Secretario de Salud del DF dice “… se acabó el aborto clandestino en la Ciudad de México, se acabó la muerte de mujeres que tenían que abortar, se acabó ese problema de salud pública” mientras que Raffaela Schiavon, Directora General de Ipas-México informó que a raíz de dicha legislación se ha reducido el número de mujeres que acuden a los servicios médicos de emergencia por complicaciones de un aborto inseguro o mal practicado.Recientemente dicho temase ha comenzado a discutir en Coahuila, lo cual es muy relevante y representa una oportunidad para la difusión de información sustentada que contribuya al análisis y a combatir los prejuicios de algunos sectores sociales, no para promover el aborto sinoque las mujeres tengan las condiciones jurídicas y materiales para poder ejercer el derecho a decidir cuándo, con quién y cómo ejercer su maternidad.La organización GIRE señala que tener una legislación por cada entidad hace que “el acceso al aborto sea un tema de justicia social y de discriminación de género”. En el país, el aborto es la tercera causa de muerte materna según INEGI; esto se debe en mayor parte a que las mujeres lo realizan en condiciones de clandestinidad. Los hechos demuestran que la penalización del aborto no reduce esa práctica, en cambio sí incrementa las muertes de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres, ya que ellas no cuentan con recursos para pagar el servicio privado que implica condiciones menos riesgosas. Legislar al respectono es un asunto de moral,es un asunto de salud pública y justicia social. 


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