Meza de Redacción

¿Cuánto nos cuesta la violencia contra las mujeres?

“¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la Señora Martínez falta por lo menos dos veces al mes aunque su presencia en la oficina es fundamental?

¿Usted se ha molestado porque la calidad laboral de su jefa de producción se redujo de manera rápida durante los últimos meses?

¿Ha notado usted una rotación alta de su personal femenino que afecta la productividad de su organización?

¿Alguna vez usted se ha preguntado si todo lo mencionado tiene que ver con un caso de violencia contra la mujer?”

Éstas y otras interrogantes de tipo similar fueron planteadas para iniciar un estudio realizado por Christine Brendel y Gunhild Schwitalla para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre las pérdidas económicas de las empresas privadas latinoamericanas, ocasionadas por la violencia contra las mujeres que sufren sus empleadas en sus respectivos hogares.

Tal investigación determinó que en Latinoamérica, al igual que en casi todas las regiones del mundo, la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los problemas más arraigados que sufren las mujeres. Sus costos económicos y sociales tienen impactos significativos en la sociedad, la empresa, la familia así como en las personas individuales.

Cuestionamientos similares pueden aplicarse en casi cualquier parte del mundo, para visibilizar los elevados costos económicos de permitir la violencia contra las mujeres.

La Organización Internacional del Trabajo concluye que la violencia de género tiene un impacto significativo a nivel individual, familiar, en las comunidades y empresas así como en la sociedad en general, porque afecta la salud física y psicológica de las mujeres y sus familias, al tiempo que incrementa la mortalidad infantil; aumenta los costos de cuidados médicos y legales; drena recursos de los servicios públicos y del sector privado y reduce el rendimiento económico nacional y privado por la pérdida laboral y la reducción de ingresos de las mujeres afectadas. Además, la propia OIT dio a conocer que las pérdidas laborales causadas por el estrés y la violencia contra las mujeres, llegan a causar la pérdida hasta del 3.5 del PIB en algunas naciones.

Desde la sociedad civil se ha hecho uno de los principales aportes teóricos respecto de la clasificación de costos de la violencia contra las mujeres, a través de una de las categorizaciones más frecuentemente utilizadas, y que es la diseñada y aplicada por la organización alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (mejor conocida como GIZ, por sus siglas) Tal clasificación establece las siguientes categorías para agrupar los costos de la violencia contra las mujeres: Costos directos, costos indirectos, costos intangibles y efectos multiplicadores.

Los costos directos constituyen el valor de los bienes y servicios usados en el tratamiento o prevención de la violencia doméstica contra las mujeres, financiados por el Estado, por Agencias Internacionales de Desarrollo que otorgan donativos a proyectos sobre el tema, así como por las víctimas. Corresponde a gastos corrientes del año y comprende acciones de atención de salud física y mental, servicios policiales, justicia penal y familiar, vivienda y servicios sociales donde se incluyen costos de prevención y de capacitación.

Dentro de estos costos indirectos se cuenta también la seguridad privada y policiaca, los costos de los juicios y prisiones, los costos de los servicios de salud y servicios sociales varios, tales como refugios y albergues de paso para mujeres violentadas y sus hijas e hijos, las oficinas de atención, etc.

Los costos indirectos incluyen el valor de los bienes y servicios perdidos a causa de la violencia doméstica, relacionados específicamente con el ámbito del trabajo remunerado de la mujer víctima, al igual que las pérdidas personales y familiares en un plazo corto o mediano, directamente atribuibles a la violencia sufrida, pero no valorables económicamente.

Entre de las más significativas pérdidas económicas en el ámbito laboral y emocional, se hallan los descuentos laborales por inasistencia al trabajo de las víctimas y los agresores, la mortalidad creciente, la morbilidad y la baja productividad. Del mismo modo se cuentan las ausencias laborales, pero debidas a enfermedades o consecuencia de lesiones graves ocasionadas la violencia física.

En tercer término se hallan los costos intangibles, que son pérdidas de largo plazo debidas al impacto de la violencia por género contra la víctima, contra la familia y la sociedad. No valoradas económicamente, se limitan a las consecuencias humanas y emocionales, al igual que a la transmisión intergeneracional de la violencia. Entre estos intangibles están el dolor y sufrimiento entre las víctimas y sus familiares y, como sostiene la GIZ, el “miedo creciente en la sociedad como un todo”.

Finalmente están los efectos multiplicadores, consistentes en la erosión del capital social, transmisión intergeneracional de la violencia y el comportamiento disfuncional y fuga de cerebros, todo lo cual conlleva como nación a presentar una menor inversión doméstica y extrajera, que genera una reducción en el crecimiento económico general.

El combate real a la violencia por género, en todos sus tipos y modalidades, conseguirá no solamente garantizar una vida mejor para las mujeres y las familias, sino que impactará positivamente en la economía de las naciones que se decidan de una buena vez a prevenir, atender, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres.

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