Meza de Redacción

El alcalde que le rompió la mandíbula a su esposa

Era el 18 de abril de 2013, en Pachuca. Se firmaba el convenio de colaboración, coordinación y participación para erradicar la violencia contra las mujeres, en donde las y los 84 alcaldes del estado se comprometieron por escrito a llevar hasta sus municipios los derechos adquiridos por las hidalguenses con la reciente tipificación del feminicidio y las reformas a los códigos penal y de procedimientos penales de Hidalgo.

Respecto a la nueva forma de trabajo con perspectiva de género, el gobernador Francisco Olvera decía entonces a los muchos alcaldes y al muy reducido número de presidentas firmantes (palabas más, palabras menos): Tenemos que trabajar de la mano con las presidentas de los DIF municipales, para lo cual espero que ninguno de ustedes tengan ataduras del pasado que les impidan trabajar coordinadamente con sus esposas.

En ese momento, entre los firmantes masculinos se produjo un cruce de miradas cómplices, acompañadas de risitas nerviosas. A las asistentes al evento nos quedaba claro que la mayoría de los alcaldes tenía no sólo ataduras del pasado, sino una visión androcéntrica y misógina de la función pública.

Meses después, vino la primera prueba colectiva de esas “ataduras del pasado”. A partir de la firma de tal convenio de colaboración, el ejecutivo estatal exhortó a las Asambleas municipales a asignar presupuesto para las Instancias Municipales de las Mujeres en el 2014. Casi ninguna Asamblea atendió tal exhorto, así que el año que viene, las titulares de la IMM seguirán trabajando como hasta ahora: Sin un centavo asignado, con sueldos que no superan los cinco o seis mil pesos mensuales y sin personal de apoyo, sólo dependiendo ocasionalmente de los muy competidos recursos federales del Inmujeres. Aún así, estas valientes mujeres cada día exponen incluso su integridad física para defender a otras mujeres en las comunidades más apartadas.

Pero hace unos días, las ataduras del presidente municipal de Tepehuacán demostraron no estar en el pasado, sino absolutamente en el presente.

La presidenta del Sistema DIF del municipio de Tepehuacán está en el hospital. El miércoles 18 de diciembre, su marido, el alcalde, la golpeó hasta dejarla inconsciente. De acuerdo con medios de comunicación estatales, el alcalde Hilario Mendoza golpeó a su esposa cuando él se encontraba en estado de ebriedad. Según familiares de la víctima, ésta no es la primera vez que Mendoza lesiona gravemente a su esposa.

Otros medios de comunicación difundieron testimonios de quienes presenciaron el ataque, en los cuales se afirma que el miércoles de la semana pasada, la presidenta del DIF Municipal se encontraba en una casa particular junto con trabajadoras del Ayuntamiento, cuando arribó el alcalde priista en estado de ebriedad y se lanzó contra su cónyuge golpeándola en el vientre y luego en la mandíbula. Entre las amenazas que lanzó contra su esposa, Mendoza le dijo que le “rompería toda su madre” y que la esperaba en su casa “para arreglar bien las cuentas”.

Ella tuvo que ser trasladada a un hospital privado en Pachuca, en donde fue operada del maxilar inferior. Hoy convalece resguardada por elementos de la fuerza de tarea.

Si el alcalde Mendoza hubiera golpeado así a su esposa antes de marzo de este año, no estaría tan preocupado como seguramente debe estarlo ahora, porque la reforma a los códigos penal y de procedimientos penales establece que se sancionan con mayor punibilidad las lesiones dolosas cometidas en agravio de una mujer. El artículo 141 bis señala “Al que dolosamente lesione a una mujer, se aumentará una tercera parte a la punibilidad que le corresponda por la lesión inferida…”

Los códigos también establecen la prohibición de conciliación en delitos de agravio de mujeres y menores, y que únicamente puede otorgarse el perdón legal si se repara el daño ¿Y en qué consiste dicha reparación? En que el violentador debe cubrir los gastos de la atención médica y psicoterapéutica de la víctima, así como el pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, además del costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a las circunstancias de vida de la víctima. Aunado a lo anterior, el inculpado debe someterse a tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado.

Hoy no sólo el Alcalde de Tepehuacán debe estar muy, pero muy asustado. Muchos otros políticos violentos que en más de una ocasión han golpeado a sus esposas, seguramente se preparan para cerrar filas en apoyo a Hilario Mendoza. “Hoy por ti, mañana por mí”. Pero este pacto machista también está previsto por los recién reformados códigos penal y de procedimientos penales, en los cuales se establece sanción por el retardo y obstrucción de la justicia, con la aplicación del doble de punibilidad que corresponda e inhabilitación para el desempeño de un cargo público, a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la administración de la justicia en la investigación de los delitos relativos a la violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, en el caso de la presidenta del DIF Tepehuacán las autoridades estatales han actuado conforme a los derechos de la víctima. Las activistas y las hidalguenses en general, estaremos pendientes de que se continúe trabajando de esta manera, y de que este caso sea la muestra de que en Hidalgo la justicia con perspectiva de género se aplica sin distinción de compadrazgos, cargos públicos o militancias partidistas.

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