Meza de Redacción

Yakiri: ¿Exceso de legítima defensa?

Claudia Rodríguez Fernando salió de una fiesta rumbo a su casa. En el camino, el novio de su amiga la alcanzó, la arrojó contra un barandal, y le desgarró la ropa para violarla. Ella sacó una pistola que llevaba en su chamarra y lo amenazó. Como él no se detuvo, Claudia jaló el gatillo. Era febrero de 1996, en el Estado de México.

El juez Gustavo Aquiles Gasca consideró que ella no actuó en legítima defensa, porque la sangre de él estaba saturada de alcohol y la de ella no, así que, según el juez “Él no era consciente de sus acciones mientras que ella sí pudo haber evitado las suyas”.

Claudia Rodríguez Fernando salió libre un año después, cuando la presión nacional e internacional sobre el gobierno de la República, obligó a la justicia mexiquense a juzgar a Claudia por “exceso de legítima defensa”.

El caso “Rodríguez Fernando” quedó desde entonces como un referente de la misoginia en la justicia mexicana, y de cómo la unión de la ciudadanía puede ejercer presión ante una infamia semejante.

Hoy, la misma triste y machista historia se repite, con Yakiri Rubio Aupart, quien el mes pasado fue secuestrada por dos hombres y violada por uno de ellos, en la Ciudad de México. Cuando el violador iba a matarla, ella forcejeó y logró torcerle la muñeca, para dirigir el cuchillo hacia el agresor.

Ella escapó semidesnuda y gritando por ayuda. Así llegó hasta una nevería en donde le brindaron ayuda para llamar a la policía. A pesar de las visibles muestras de agresión, los dos policías que acudieron a su llamado le llevaron a que les mostrara el lugar de los hechos y a recorrer la colonia en busca de los agresores. Posteriormente, la llevaron a la agencia 50 de Ministerio Público del Distrito Federal, en donde la presentaron, no como víctima de violación, sino como “presunta responsable”.

Hoy Yakiri está en la cárcel, con el riesgo de pasar de 20 a 60 años de prisión.

Carente de visión de género, pero muy preocupada por la movilización que en las redes sociales ha producido el caso de Yakiri, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha abordado el caso en repetidas ocasiones, pero en contra de la joven.

Rodolfo Ríos, titular de la PGJDF, ha asegurado que hay pruebas que indican que la joven acudió el hotel por voluntad propia y que no fue violada. Ha dicho también que ella y su violador se conocían y mantenían una relación sentimental.

La agencia “Comunicación e Información de la Mujer AC” (CIMAC), que ha dado seguimiento al caso, informó que “la tesis del asesinato doloso también fue sustentada por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Edmundo Garrido, quien declaró que la joven ‘se citó’ en un hotel con el supuesto agresor, que los exámenes ginecológicos realizados el 9 de diciembre no arrojan signos de violencia sexual, y que encontraron que el occiso y la joven mantenían comunicaciones telefónicas”.

Además, aún cuando la justicia del DF ha intervenido desde el 9 de diciembre, cuando ocurrieron los hechos, fue hasta el 18 de diciembre que este caso fue radicado a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio, de la PGJDF.

Ante la gran injusticia que por ahora pareciera inminente sobre Yakiri, múltiples ciudadanas, feministas y activistas han integrado el Comité Ciudadano por la Libertad de Yakiri para organizar diversas actividades en favor de la libertad esta joven, cuyo caso es considerado por las activistas como “una alerta para la sociedad porque ejemplifica la ‘justicia misógina’”.

De acuerdo con CIMAC, la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade; la directora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Karla Michel Salas, y las artistas del colectivo Las Reinas Chulas, Ana Francis Mor, Marisol Gasé y Nora Huerta, entre otras personalidades, han encabezado protestas de este comité ciudadano.

En las redes sociales, la cuenta de facebook “Yakiri Libre”, y los hashtag de twitter #YakiriLibre y #TodasSomosYakiri, dejan ver incluso la solidaridad internacional a través de fotografías de actos de protesta, que hombres y mujeres realizan afuera de las embajadas de México en diferentes partes del mundo.

Pero no sólo las activistas y la ciudadanía en general han manifestado su apoyo a Yakiri. Su caso incluso atrajo la atención del Instituto Nacional de las Mujeres, quien emitió un comunicado para informar que daría puntual seguimiento, con el fin de que el caso se analizara conforme el protocolo para juzgar con perspectiva de género que recientemente publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este instrumento señala, entre otras cosas, que juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualad y que se trata de un enfoque para detectar los impactos diferenciados de una norma, analizar contextos de desigualdad basados en el sexo, el género o las preferencias sexuales y cuestionar las necesidades de las víctimas.

Como ya ha quedado claro en este y otros casos, las actuales autoridades del Distrito Federal no jugarán ni una sola carta en favor de la ciudadanía, así que, igual que en el caso de Claudia Rodríguez Fernando, si Yakiri consigue su merecida libertad será por la presión que a nivel nacional e internacional ejerza la sociedad civil.

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