Meza de Redacción

5 de junio: Violencia política contra las candidatas

Con la llegada de la paridad electoral, se intensificó la violencia política contra las candidatas de todos los partidos y, contrario a lo que la mayoría pudiera pensar, la violencia proviene del "fuego amigo".

Algunos militantes de los propios partidos que postularon a mujeres (es decir, de todos) volcaron su furia machista al ser representados electoralmente por mujeres y ejercieron todo tipo de violencia durante este proceso electoral, desde alusiones personales y sexuales, hasta agresiones físicas y amenazas de muerte.

Durante este proceso electoral, algunas candidatas decidieron dejar su postulación, otras continuaron, pero todas, en mayor o menor medida, sufrieron violencia por ser mujeres en el centro de la esfera política.

La violencia política contra las mujeres no está tipificada, pero ante la inminente ola de ataques misóginos durante los recientes procesos electorales, se elaboró el Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres, a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)

Este protocolo establece que la violencia política contra las mujeres es aquella que comprende todas las acciones y omisiones (incluida la tolerancia) que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Este tipo de violencia incluye el ámbito público y el privado, puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse a través de cualquier medio de comunicación incluido el ciberespacio.

La violencia política puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes. Además, puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas, a través de las siguientes acciones, señaladas en al Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres: Amenazas a las mujeres que han sido electas, intentos por impedir entregas de constancia de mayoría como candidatas ganadoras, inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos (usos y costumbres), agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres, acoso, ataques físicos, violencia sexual e, incluso, asesinato.

La víctima de violencia política tiene derecho a ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos, a ser atendida y protegida de manera oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado, dependiendo del riesgo se tiene que salvaguardar la integridad de la víctima (botones de pánico, rondines, escoltas, etc.) A que se le otorguen órdenes de protección, medidas cautelares y de otra naturaleza necesarias para evitar que el daño sea irreparable. A recibir información y asesoramiento gratuito sobre los derechos y las vías jurídicas que tiene. A ser informada del avance de las actuaciones tomadas para su protección. A que se le brinde atención médica y psicológica gratuita, integral y expedita. A la confidencialidad y a la intimidad. A que, en su caso, se le proporcione un refugio seguro. A participar en espacios colectivos con otras víctimas. Si se trata de personas indígenas, a contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su idioma, su cultura y que cuenten con capacitación adecuada. A obtener los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos (documentos de identificación y visas) A conocer la verdad de lo ocurrido y a una investigación pronta y eficaz. A ser reparada integralmente por el daño sufrido y a acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes.

La violencia política contra las mujeres debe ser denunciada a la FEPADE, al teléfono 01 800 8 33 72 33, opción 4 para denuncias de violencia política contra las mujeres, o al correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx

@taniamezcor
FB: Tania Mezcor