Violencia alienta la migración de niños a EU

Muchos de los inmigrantes que llegan en oleadas a la frontera sur de Estados Unidos dicen huir de pandillas violentas en Centroamérica.

Expertos señalan que esas pandillas son una consecuencia de las políticas de Washington en los años 90 que enviaron a muchos inmigrantes de regreso a sus países tras ser adoctrinados en Estados Unidos sobre la cultura de bandas.

La violencia que llevaron consigo arraigó con facilidad y floreció en El Salvador, Honduras y Guatemala, países con gobiernos débiles y disfuncionales.

Un estudio estimó que unos 350 mil inmigrantes salvadoreños llegaron de forma ilegal al sur de California entre 1980 y 1985, intentando escapar de la guerra civil y la corrupción de su país. Llegaron con pocos conocimientos de inglés y muchos se asentaron en barrios pobres con pandillas mexicanas y afroamericanas de gran poder.

Para sobrevivir y evitar el acoso, algunos formaron pandillas como la Mara Salvatrucha o se unieron a otras como la Banda de la Calle 18. Los miembros de estos grupos cometieron delitos graves y fueron enviados a prisión, donde se aumentó su exposición a la violenta cultura de pandillas.

En los 90, Estados Unidos aumentó las deportaciones de inmigrantes acusados de delitos, en especial miembros de pandillas. Hasta mil 500 jóvenes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños eran devueltos cada mes a Centroamérica. Llegaban con la notoriedad de ser mafiosos de Los Ángeles.

Mucha gente que sale de Centroamérica dice estar huyendo de la violencia de las pandillas. Pero la migración también es un intento de reunificar a las familias.

Al menos 80 por ciento de los jóvenes detenidos en la frontera tiene un progenitor o un pariente cercano ya en Estados Unidos, señaló Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos y miembro del Instituto de Política de Migración, un grupo de estudios de Washington.

Los miembros de la familia que ya están en el país han ahorrado dinero para pagar a un coyote que lleve a sus hijos a través de la frontera para que sus hijos no sean reclutados a la fuerza en las pandillas y sus hijas no sean objeto de violencia sexual.

Los rumores en Centroamérica circulan con rapidez y hay una persistente creencia de que EU ha relajado su postura hacia los menores. Esa creencia se basa en recientes debates sobre un posible cambio de la política migratoria y una modificación de la ley en 2008 que concedía más derechos a menores en la frontera, incluyendo una vista ante un juez.

Al mismo tiempo, las operaciones contra los cárteles hicieron que esas organizaciones criminales y sus operaciones de contrabando se extendieran de México a Centroamérica. Y más gente decidió que era hora de salir hacia EU, donde creían que podrían quedarse.

A los inmigrantes se les dijo que sus hijos se entregaran a la Patrulla Fronteriza porque recibirían un permiso para entrar en el país, recuerda Erico Olsson, director asociado del Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos.

Sin embargo, ese permiso era en realidad una orden de comparecer ante un tribunal de deportación.

Aun así, dada la sobrecarga de los tribunales y la escasez de jueces, conseguir una vista puede demorarse hasta tres años. Entre tanto, los niños ya se han reunido con su familia en EU y viven lejos de la violencia de su tierra natal.

Desde 2008, EU ha asignado 803 millones de dólares a la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, que incluye esfuerzos para perseguir el tráfico de narcóticos, apoyo en
el desarrollo de instituciones fuertes de policía y justicia, y prevención de delitos y violencia. En general, los esfuerzos se han centrado en impedir que los jóvenes se unan a pandillas, no en perseguir a los miembros de estos grupos. Y no se ha medido de forma metódica el impacto de estos programas.

Ahora, el gobierno de Barack Obama ha pedido que el Congreso apruebe 3 mil 700 millones de dólares en gastos de emergencia para gestionar la crisis. La propuesta incluye 300 millones de dólares en repatriaciones y esfuerzos de reintegración, entre otros aspectos. Además, el financiamiento pagaría una campaña mediática sobre los peligros del viaje a EU y la posible falta de estatus de inmigrante legal cuando llega la gente. Parte del dinero iría a intervención de pandillas y reforma de prisiones.