La caja de pandora

Semana de declaraciones…

"Sé lo que soy y sé que algún día me sucederá algo; soy un delincuente y no me lo perdonarán", dijo Servando Gómez, "La Tuta". Increíble pero cierto este personaje puede dar este tipo de declaraciones a la prensa pero las autoridades no dan con su paradero.

A pesar de reconocer que es un delincuente, su constricción no llega al grado de arrepentimiento y regeneración, en ningún momento "La Tuta" se dice arrepentido, mucho menos avergonzado, para cambiar su modus viviendi; finalmente, el ser cabecilla del grupo delictivo de Los Templarios lo mantiene en libertad.

Por su parte, Felipe Díaz, uno de los líderes de las autodefensas, aseguró que registrarán sus armas ante la autoridad, pero eso no significa que las entregarán o se las quitarán, "ese no es el acuerdo", sostuvo.

Vivimos en un México mágico, en donde a los ciudadanos comunes se les encarcela por portar un arma para defenderse de un delincuente y a las personas que emprenden un negocio y no cumplen con las exigencias de la Secretaría de Hacienda se les priva de su libertad.

En un país en que los verdaderos delincuentes andan sueltos y a los que atrapan se convierten en héroes nacionales por ser narcotraficantes.

Los mexicanos, los del pueblo, lidiamos con autoridades que, lejos de brindarnos seguridad, nos ofrecen un trato agreste que nos ha llevado a la desconfianza total, misma que se refleja en que solamente dos de cada 10 víctimas de algún delito se atreve a denunciar.

La bola de nieve que empezó como un copo, hoy está a punto de ser una avalancha en que los más indignados pertenecen a la clase media; sin embargo, poco parece preocuparle a los que gobiernan seguros de que es más fácil que se extinga a que se revele.

La cuestión de seguridad abandera causas políticas, no el derecho humano y legal que cualquier gobierno debería ofrecer a los ciudadanos.

Miguel Ángel Mancera, en su afán de posicionarse mediáticamente, aseguró que ha emprendido un escudo de seguridad para el Distrito Federal, en el que se vigilarán las fronteras de las zonas conurbadas con el Estado de México.

A los pocos días nos enteramos que son los municipios mexiquenses aledaños al DF los que deben blindarse porque las mafias colombianas y venezolanas encargadas del 30 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país tienen su base de operaciones en la ciudad de México, según lo confirmó la diputada Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los declarantes y los dichos parecen sacados de una película de ficción, en la que los "buenos" sufren las consecuencias que los "malos" crearon y quienes ejecutan el papel de protagonistas están disfrazados de ángeles siguiendo las órdenes de Lucifer.

¿Cuál es el futuro de esta incertidumbre?