Opinión

La ley antilavado (II)

La Ley Federal para la Prevención e Identificación con Operaciones de Procedencia Ilícita, establece una serie de obligaciones administrativas a los proveedores de servicios y bienes, como son agencias de vehículos, desarrolladores y corredores inmobiliarios, joyeros, galerías de obras de arte, empresas de blindaje, notarios, corredores públicos, para que informen de las operaciones que llevan a cabo con sus clientes, y con esto, la autoridad administrativa investigue el origen del dinero que se está utilizando para realizar esas actividades, por ende, a estos proveedores se les establecen sanciones excesivamente elevadas -existen multas hasta de cuatro millones de pesos-, sin embargo, el problema de estas leyes que establecen sanciones tan altas y totalmente contrarias al principio de proporcionalidad de la pena –artículo 22 de la Constitución de los estados Unidos Mexicanos–, critica al respecto el profesor español Jesús Silva Sánchez, que “las penas muy altas, a sabiendas de que éstas muy pocas veces podrán llegar a ser aplicadas”

La existencia de sanciones tan elevadas, como una forma de tratar que los obligados cumplan, pero que de aplicarse a los proveedores de servicios por el incumplimiento en la presentación de sus avisos, corren el riesgo que sentencia Eduardo Balestena: “el sistema penal es una línea de montaje que genera criminales del mismo modo que la persecución de brujas generaba brujas”.

Entonces, sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Operaciones de Procedencia Ilícita, como otras vigentes en el mundo, vale la pena preguntarse: ¿por qué razón existen estas leyes?, ¿efectivamente buscan perseguir el delito de lavado de dinero? o bien, pareciera que, desde el ámbito de los grandes organismos internacionales y las empresas transnacionales, el objetivo de las mismas es limitar el crecimiento de las empresas locales o de las naciones no desarrolladas, para que no “alcancen” las grandes fortunas de empresas a las que hoy se les denomina mundiales.

Cabe cuestionarse, si en el caso de la ley referida, la razón de estado es la protección de los derechos económicos, o bien, la protección de las grandes fortunas globales. Lo cierto es que, tanto la ley “anti lavado”, como otras medidas que se han implementado actualmente en la legislación del mundo, aparentan una finalidad, pero cuentan con un velo, no obstante, el tiempo determinará cuál es efectivamente el propósito de su creación.