Opinión

“La ley anti lavado: Un ejemplo del derecho pos moderno” (I)

“Crecientes controles que

sólo afectan a los pequeños

ahorristas e inversores menores,

que se topan con todo

 tipo de dificultades para

realizar cualquier operación

lícita, generando un verdadero

estalinismo financiero, que

favorece la concentración.”

Eugenio Raúl Zaffaroni

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, denominada comúnmente ley “anti-lavado”, pareciera que cumple con todos los requisitos de las leyes actuales, pues las disposiciones vigentes en el derecho de la época, es decir del derecho pos moderno o también denominada “modernidad tardía”, consisten principalmente, a decir del profesor francés J. Chevallier (CHEVALLIER, Jacques, “El Estado Pos moderno” Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011), en cinco puntos:

1) Una explosión de leyes, lo cual se aprecia con este ordenamiento, ya que es evidente que, se conforma con diversas disposiciones, no únicamente con la ley, como son: la propia ley, su reglamento, las reglas de carácter general, los avisos y la normatividad de la Unidad de Información Financiera (UIF) órgano regulador de esta materia.

2) La judicialización, es decir, el acudir a las instancias del Poder Judicial a reclamar que las disposiciones legales son contrarias a los principios establecidos en la Constitución, y es el caso de ésta ley, pues existen juicios de amparo promovidos por los obligados por la ley, argumentando principalmente la violación a la libertad de empresa.

3) La existencia de un derecho extra estatal. La ley “anti-lavado” es un ejemplo vivo de ello, pues por recomendaciones de los organismos internacionales se implementó y ya otros países con las características económicas de México cuentan con este ordenamiento, como Argentina, Colombia, Chile, España y Brasil.

4) La intromisión del derecho a las actividades privadas e incluso, íntimas de las personas, lo cual se presenta con esta ley, pues es claro que cada día los ordenamientos administrativos se entrometen a la intimidad de las personas.

5) Un Estado que tiene por objeto tutelar los derechos humanos de los gobernados. En el caso esta ley, tiene por objeto proteger los derechos económicos de la población, previstos en el numeral 25 de la propia Constitución, como una forma de protección de los riesgos que existen actualmente con el crimen organizado, y la explotación que se obtiene de los delitos de mayor gravedad.