Articulista invitado

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Entre 2004 y 2013 fueron asesinados 16 periodistas en México, pero la cifra puede ser mayor si se cuenta a los desaparecidos; el gobierno no puede abdicar de su obligación de protegerlos, porque tiene las herramientas a su alcance.

En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemoró el pasado 3 de mayo, aun transcurridos algunos días de entonces a la fecha, nos parece pertinente reflexionar lo que tal acontecimiento significa en nuestra sociedad. La libertad de expresión se desdobla en varios componentes: el derecho a informar, de divulgar ideas u opiniones, como también la garantía de eliminar la censura, establecer mecanismos efectivos que detengan toda forma de represión y, de darse el caso, el castigo a los responsables.

Cada año el Comité para la Protección de los Periodistas elabora el Índice Global de Impunidad, conforme al cual México se encuentra en el séptimo lugar, apenas unos lugares abajo de Irak, que encabeza la lista, que a su vez es seguido de Somalia y Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán. Un sitio nada honroso, por cierto. Dicho estudio abarca el periodo que va de 2004 a 2013, durante el cual se documenta el asesinato de 16 periodistas, cifra que se incrementaría considerablemente si se incluyera el número de desaparecidos, pero que no deja de ser un indicador importante sobre la gravedad del problema ante la ausencia de castigo a los responsables, lo que nos habla de la ineficacia de las instancias especializadas en la materia para de investigación y persecución de este tipo de delitos, pese a contar con una amplia normatividad, atribuciones específicas y, por lo menos en teoría, con los recursos humanos y materiales para el desempeño de su tarea.

El estudio revela que los ataques a la vida de los periodistas en el mundo tienen, entre otras causas, las agresiones de grupos armados, móviles políticos, participación de áreas de gobierno y fuerzas militares. Si en nuestro país se desconoce la identidad de los perpetradores es muy aventurado establecer opiniones concluyentes, pero —sin duda— el ambiente de inseguridad generalizado es un contexto que explica buena parte de los hechos, sin que esto nos reporte alguna utilidad para el abatimiento del problema.

El gobierno no puede abdicar de su obligación de generar las condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo y de todas las formas de libertad de expresión, que está indisolublemente ligada al derecho de la sociedad de estar informada. No debe la impunidad premiar al crimen; es urgente pasar de las buenas intenciones expresadas en la ley a resultados concretos que reivindiquen el estado de derecho y la autoridad del Estado para brindar a los ciudadanos la certeza en el ejercicio de las actividades  de la más alta prioridad, como el periodismo, para el funcionamiento normal de una sociedad democrática, dado el enfoque con el cual este año se efectúa la celebración que nos ocupa, es decir, la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo, la seguridad de los periodistas y el estado del derecho, además de la sostenibilidad e integridad del periodismo.

Ante ello, nos sumamos al llamado para que los casos de los homicidios de los comunicadores asesinados en México, así como de un sin número de desaparecidos, se investiguen a fondo; se esclarezcan en todas sus dimensiones los hechos delictuosos que resulten; se identifique plenamente a los responsables y se les ponga en manos de las instancias de administración de justicia para la imposición de las penas correspondientes. Esta ruta es muy necesaria para la calidad y vigor de nuestra democracia.

Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro