Se Comenta

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:Que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México soplan vientos de cambio, pues el titular Baruch Delgado Carbajal ya hace maletas y ha puesto sobre la mesa su renuncia con carácter de irrevocable, pero que se hace efectiva a partir del lunes.

:Que el Primer Visitador, Miguel Ángel Cruz Muciño, asumirá temporalmente la titularidad mientras el gobernador Eruviel Ávila presenta una propuesta de relevo al Congreso local y este, en su caso, la acepta y toma protesta al nuevo Comisionado. Para los que se preguntan a dónde irá veloz y fatigada la golondrina, la respuesta está en el gobierno federal.

:Que la otra pregunta del millón es quién llega al cargo en tierras mexiquenses, y hasta el momento, solo se esboza el perfil de alguien con las características académicas y el bagaje jurídico necesario... El antecedente es que Delgado llegó a la CODHEM luego de ser Presidente del Tribunal Superior de Justicia

:Que por mera precaución, algunos ya están prendiendo sus veladoras y cruzan los dedos para que se les siga tomando en cuenta como apapachados asesores a distancia, y se respete su humano derecho a estar en esa privilegiada lista.

:Que algunos municipios ven como barril sin fondo la inversión en capacitar a sus policías, pues son bastante onerosos los cursos, especializados y de diversas índoles, que abarcan el inherente manejo de armas, defensa personal y por supuesto la actualización en el nuevo sistema penal.

El problema es que en la mayoría de los elementos no hay un verdadero compromiso o sentido de pertenencia y como llegan se van. Ya preparados, emigran a otras corporaciones locales, empresas privadas o servicios de protección personal. Y luego, de nuevo a abrir la chequera para preparar a los nuevos.

:Que otra sangría municipal es el modus vivendi de numerosos y colmilludos personajes, quienes buscan acomodo deliberadamente temporal como empleados públicos, para luego ponerse en la lista de recortes y proceder a la consabida demanda laboral.

Estos conceptos, generalmente heredados de otras administraciones, cuestan millones de pesos de los impuestos por finiquitos, una vez que se ha emitido el laudo de un pleito que duró años. La lista es larga y, aseguran, así no hay "lana" que alcance.