Tomas clandestinas en Hidalgo

Para atender el creciente robo de combustible y reparar los ductos dañados por tomas clandestinas, en 2012 en Minatitlán, Ver., se creó el primer grupo especializado para retención de tomas clandestinas, adicionalmente, se actualizaron los protocolos de reacción interinstitucionales.

El robo de combustible mediante tomas clandestinas año con año se duplica; este incremento se debe a que los sistemas de ducto en el país están bajo el control de las bandas del crimen organizado. Hidalgo es uno de los estados que históricamente destaca por la incidencia en el robo de los combustibles mediante tomas clandestinas. Cabe mencionar, aunque no hay cifras exactas por ser una actividad ilegal, que la paraestatal Petróleos Mexicanos PEMEX, ha tenido pérdidas millonarias que pueden ocasionar un quebranto en sus finanzas; entre los productos más sustraídos ilegalmente se encuentra el gas LP, gasolina y también el crudo.

Los índices que da PEMEX Exploración y Producción (PEP) señalan que estos actos ilícitos han ido en aumento. Para atender el creciente robo de combustible y reparar los ductos dañados por tomas clandestinas, en 2012 en Minatitlán, Ver., se creó el primer grupo especializado para retención de tomas clandestinas, adicionalmente, se actualizaron los protocolos de reacción interinstitucionales. En caso de riesgo, PEMEX a incluido la integración de siete ductos al sistema de control y adquisidor de datos y se trabaja en incluir 47 sistemas más que se estima se encontrarán instalados en diciembre del año en curso, aunado al gasto millonario para cuidar sus instalaciones y ductos.

Todo esto no ha servido de nada para reducir el robo de hidrocarburos, en tanto se crece nuevamente la cantidad de las tomas clandestinas en conjunto a los esfuerzos de la armada nacional por reducir el robo y clausurar las tomas clandestinas, seguirán siendo insuficientes dado que el primer problema al que se encuentra el ejército y la marina, es que no cuentan con el sistema de vigilancia para salvaguardar los más de treinta y siete mil kilómetros de los ductos propiedad de la paraestatal a lo largo y ancho del país.

A la vez, los gobiernos federales, estatales y municipales no han podido sancionar a los cómplices que ordeñan a PEMEX aunque se sabe que el congreso ha aprobado sancionar con pena de ocho a doce años de prisión y multa de hasta doce mil veces de salario mínimo a quienes roben combustible.

De cara a la importancia del problema y la imposibilidad del gobierno federal para controlar la sustracción ilegal de combustible, la ciudadanía impugna este fenómeno porque lo que esta impulsando es que la delincuencia organizada extraiga el petróleo como medio de financiamiento en su guerra con el gobierno mismo; es un tema que tiene que implementar una agenda política pública para estas operaciones y que no llega a hacer un ambiente de mucho riesgo de la seguridad pública y más las aperturas que maneja el actual ejecutivo federal Enrique Peña Nieto de atraer inversionistas al país; acorde a lo anterior, las autoridades mexicanas han sido blandos al momento de combatir a este grupo de delincuentes y no por la necesidad de más operativos policiacos o militares, sino por la ausencia de planteamiento de un Plan de Desarrollo Nacional y de Fiscalización para controlar la situación y cortarla de raíz, pese a que existen los mecanismos legales.

En este sentido, el proceso de combatir a la ilegalidad mediante la detección de aquellos empleados cómplices de la delincuencia y protegidos desde la misma empresa o de su sindicato en todos los casos, el robo del combustible no sólo es un delito de fuero común, sin embargo pone en peligro la seguridad nacional y expone a la población que vive en las zonas aledañas a las tomas clandestinas en alto riesgo por la fuga e incendios que pueden causar.

Ante este escenario, cada vez son más comunes las ordeñas de combustible, las cuales dan lugar a fugas y derrames que generan un pacto de peligro en el medio ambiente y afecta al suelo, mares, naturaleza y al ser humano.

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