Reforma electoral favorece a la partidocracia

El tema de la reforma electoral es un conjunto de medidas para modificar a fondo una institución, respetando sus líneas fundamentales y sin que se produzca una ruptura de constitucionalidad, con lo que se distingue e implica una transformación a fondo de la institución.

El sistema electoral se concentra en el mecanismo y efectos de las diferentes necesidades tanto nacional como estatal, aunado a que existen incontables variaciones en la interpretación de las leyes electorales. La forma más común de analizar el sistema electoral, es agruparlo en función del grado de precisión con el que traducen los votos. En esta dirección, destaca la legislación electoral mexicana que a partir de la promulgación de la Constitución de 1917 y durante varias décadas, se han puesto en vigor diversas leyes distintas: 1918, 1946, 1951, 1973, 1977, 1994, 1996, 2006, 2007, 2008, 2011 entre otros y la nueva reforma que ha sido aprobada por los senadores este año, sobre el particular, las cuales han sido objeto eventualmente de múltiples reformas, cuyo propósito ha sido el fortalecimiento del proceso de la llamada democracia.

El derecho electoral es un conjunto de resoluciones jurisdiccionales para salvaguardar el orden jurídico establecido y regular las relaciones humanas; comprende fundamentalmente las relaciones entre gobernantes y gobernados en cuanto la elección, ubicándose dentro del derecho político.

El tema de la reforma electoral es un conjunto de medidas para modificar a fondo una institución, respetando sus líneas fundamentales y sin que se produzca una ruptura de constitucionalidad, con lo que se distingue e implica una transformación a fondo de la institución.

Pese a que tuvo amplia cobertura la aprobación de las leyes que conforman la reforma político-electoral, quizá es difícil conocer los alcances de la reforma por lo que presenta en los cambios de los puntos principales de los nuevos marcos normativos y legislativos en materia de propaganda política, ley general del delito electoral, ley general de partidos políticos, ley de instituciones y procedimientos electorales. Dichas leyes concluyen en elementos principales de la reforma político-electoral, promoviendo gobierno de coalición, la equidad de género (50 por ciento mujeres y otro 50 por ciento hombres) de las candidaturas a legisladores federales y locales.

Un aumento del 3% en el umbral para registrar un nuevo partido político, la existencia de candidatos independientes, la reelección legislativa consecutiva hasta por 12 años, una nueva regla electoral: se crea el Instituto Nacional Electoral (INE) el cual ejercerá las facultades del Instituto Federal Electoral (IFE).

México era de los pocos países que no contaba con la figura de reelección inmediata, aunque el sistema anterior permitía que fueran electos por otro puesto. Para dar certeza jurídica a la reforma, los gobernantes como los del estado de Hidalgo, tienen que revisar y reformar sus leyes, porque cada estado es diferente en condiciones, pero en la mayoría de los casos los gobiernos estatales aprueban tal como viene del Congreso Federal por el acuerdo Nacional. Sólo van a establecer los mecanismos que le marca la referencia que le envía; por ello, se descarta cualquier debate o cambio real.

El paquete de leyes que han aprobado leyes de partidos políticos de instituciones y procedimientos, leyes de medio de impugnación y orgánico del poder judicial de la Federación, van en general por este camino, suele algún cambio incorporar un beneficio de alcance menor al estado.

La reforma electoral supuestamente diseñada para ampliar la participación ciudadana y el pluralismo político para reforzar la llamada democracia; lo visto es que solamente fortalece a la participación a la partidocracia y a la élite política con sus crisis de representatividad y el peor momento en el que la sociedad los califica como ilegítimos, deshonestos, incapaces, ineficaces, a la vez que los ciudadanos muestran su inconformidad e indican que la reforma representa solo las dificultades del movimiento de la democracia participativa directa.

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