Indígenas hidalguenses víctimas de la injusticia

A lo largo de los años, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO” ha contribuido al fortalecimiento de las bases jurídicas para la protección de los pueblos indígenas y adoptando diversos instrumentos, en este contexto, México siempre ha buscado contribuir a cuidar de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar las libertades fundamentales reconocidos por la Ley General de Derecho de los Pueblos Indígenas que representa orden público e interés social de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos indígenas lingüísticos, individuales, colectivos y comunes así como la protección de los usos y costumbres y al desarrollo de las lenguas indígenas, en ese contexto las leyes mexicanas brindan todo el apoyo a sus nativos respetando los convenios internacionales como el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes como México, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas le distingan de otros sectores de las colectividades nacionales, estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o por una legislación especial, en este convenio, no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho internacional sugiriendo que los gobiernos deberán asumir las responsabilidades con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los indígenas y a garantizar el respeto de su integridad, hacerlos gozar de igualdad de derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás ciudadanos, además de promover la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales respetando tanto su identidad como sus usos y costumbres.

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos del Pacto Universal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptando las normas internacionales anunciadas en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, su objetivo es el de establecer un mecanismo de apoyo a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones que habitan en el país.

A lo largo de los años, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO” ha contribuido al fortalecimiento de las bases jurídicas para la protección de los pueblos indígenas y adoptando diversos instrumentos, en este contexto, México siempre ha buscado contribuir a cuidar de los derechos humanos de los pueblos indígenas que tienen como una temática relativamente reciente, abriendo camino a las minorías para tener y hacer valer los derechos por los que han luchado.

Es por estas razones que queda en duda la armonización entre el derecho nacional y el derecho indígena, al revelar la noticia de la semana pasada, de que hay 279 indígenas  inocentes y víctimas de la injusticia de los funcionarios públicos en las cárceles del estado de Hidalgo y que sus casos requieren de una revisión legal porque al momento de rendir su declaración no había un Ministerio Público o defensor que hablaran su lengua o un traductor que interprete su lengua, algo queda en duda, que estas leyes, de orden público e intereses sociales, no son emitidas bajo  los derechos consagrados en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en materia indígena, o tal vez los funcionarios no los toman como obligaciones de las autoridades estatales, municipales o de la sociedad en general.

La lógica es que el estado y los municipios deben ser una parte de todos los planes y programas de desarrollo para las comunidades indígenas en los términos provistos en estas leyes nacionales y convenios internacionales, es por eso que debe perseguir principalmente dos objetivos:

1. Fomentar la intercultura

2. Sensibilizar a los actores y funcionarios para respetar los derechos de los indígenas  y que cualquier funcionario sepa que su conducta y su profesionalismo beneficia  o daña la imagen de México a nivel internacional y que sepan que esto puede generar varias recomendaciones internacionales en esa materia que son innecesarios para México.

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