Cobalto 60: corrupción y negligencia

Las propuestas para garantizar un duradero desarrollo de la energía nuclear, han sido insuficientes para prevenir catástrofes; el grupo de los grandes ocho países (G8) más industrializados se ve que sólo abarca los problemas de mayor potencia de la materia y responde a los desafíos del tema en la construcción de plantas atómicas. Por el momento, nadie ha propuesto otras formas de protección y en que fuerza están tratando a la humanidad, sólo se han enfocado a sus propios intereses económicos y políticos. Desde luego sus propuestas son necesarias: que los nuevos controles nucleares se vigilen con la máxima barrera de protección y los acuerdos internacionales se cumplan; que los principios de total transparencia y la apertura informativa se conviertan en una norma de trabajo, no sólo para los controles nucleares del mundo, sino también para todos los laboratorios ya sean pequeños o grandes, porque cualquier radiación afecta a toda la humanidad y quienes habitamos este planeta.

En México, como todos los países del mundo, ha fijado la política y ejerce las funciones de investigación, desarrollo, regulación, donde se observan estrictamente las obligaciones asumidas por el estado, en virtud del tratado para la prescripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), así como los compromiso asumidos en virtud de la pertenencia al grupo de países proveedores nucleares y el régimen nacional de control de exportaciones sensitivas.

Sin duda alguna, el gobierno tiene toda la responsabilidad en el ámbito de la seguridad nuclear que le ha aumentado la medida de la protección contra las radiaciones, reglamento y códigos de actuación para tipos de operaciones, incluida la seguridad en el transporte de materiales radioactivos. El cobalto 60 CO, es una substancia que se usa  en tratamiento médico, es altamente tóxico y peligroso, puede causar la muerte a los que lo tienen en exposición.

El robo que ocurrió los primeros días de diciembre, tal vez no es culpa del gobierno de manera directa, sino de una cultura de corrupción de los funcionarios que están a cargo de este material y los mismos empresarios que tratan de invadir  los  impuestos y costos al utilizar esa materia, el otro factor importante es la fallida seguridad pública del gobierno, que permite a cualquier delincuente ser protegido y actuar con toda la libertad, apoyado por los Derechos Humanos.

Los factores mencionados ponen en peligro cotidianamente a todos los mexicanos al ser víctima de esta delincuencia organizada o de actos de corrupción por parte de funcionarios y los empresarios protegidos de los gobernantes. En el marco de este robo, esperamos que el gobierno implemente estrategias interinstitucionales, acciones para proteger la seguridad e integridad física de los ciudadanos.

No dudo que el gobierno de Enrique Peña Nieto, esté en busca de un mayor compromiso con la ciudadanía en la lucha contra ese flagelo que desvía cada año sumas consideradas al crimen organizado, sabiendo que la corrupción es el motor para la delincuencia, por eso, la lucha es necesaria para proteger y salvaguardar a la gente de estos severos errores  que pueden causar miles de muertes. Limitar los actos de corrupción, es acabar con los grandes vacíos de poder y control que afecten nuestra seguridad y derechos, así mismo, terminar con la negligencia de las empresas de transporte por no tener un sistema de seguridad global con las unidades que trasladan ese material, por ello, recordemos que no es el primer caso que ocurre en México, han habido robos similares desde hace años, motivados generalmente por  factores como la corrupción de empresarios, la delincuencia organizada y la negligencia de las leyes en esta materia.