Adiós a la propaganda contaminada

La propaganda electoral se definió como el modelo de comunicación política en medios impresos y electrónicos, con contenidos de los promocionales de los partidos e instituciones políticas que contienden en la campaña electoral a puestos públicos, gubernamentales y a la visión general del sentido de la participación ciudadana.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reforman, adicionan y derogan disposiciones en materia política electoral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de los cambios sustanciales fue la transición del Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE) en donde se propuso modificar las condiciones de la competencia electoral, redefinir las atribuciones del órgano administrativo federal, así como el órgano jurisdiccional, los cuales se ampliaron considerablemente junto con las obligaciones de vigilar, garantizar el cumplimiento de la ley, y la facultad para interpretar la norma así como establecer los límites de lo permitido en materia de propaganda electoral.

En términos generales, resulta en ese sentido la incorporación de las limitaciones que marcan la reforma en materia de propaganda política, la permanente intensión entre la protección de la libertad de expresión, garantizando en el artículo sexto constitucional la intención de proteger el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación junto con el propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información.

De acuerdo con lo anterior, resulta una constante la preocupación por hacer compatibles esos reglamentos o más bien, las limitaciones a la propaganda electoral en medios de comunicación impresos y electrónicos, en los cuales se indica que el análisis correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)  parte de la premisa de lo publicado o lo que incurre en infracciones fuera de lo que marca la ley, como son los límites en los contenidos de los promocionales.

Finalmente, la ciudadanía no ha visto el comportamiento de los actores políticos en este proceso electoral, dado que están alejados del cumplimiento de las normas que regulan la propaganda electoral; la existencia de esta falta por parte de la autoridad correspondiente y los partidos políticos puede ser explicada por la mala dinámica, misma de la competencia electoral que los conduce a buscar sólo los defectos de los rivales, que no utilicen estos medios para posicionarse entre la ciudadanía lo que les permitiría aumentar su cercanía y sólo tratan de incrementar sus preferencias entre ellos, por supuesto este mecanismo aparte de hartar a los ciudadanos los aleja de creer en los partidos al igual que en sus autoridades.

En este caso, es propaganda contaminada y sucia que han utilizado los partidos en esta campaña electoral lo que hará que el abstencionismo sea el único que gane en estas elecciones. Esto argumenta que la ciudadanía no respete a las autoridades ni a los actores políticos, tampoco a los criterios de interpretación de la ley. Por salud mental, que bueno que se concluirá con este tipo de propaganda sucia.

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