Sara S. Pozos Bravo

Los obispos y la seguridad

La 96 asamblea ordinaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano acordó, junto con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, establecer un mecanismo de denuncia directa contra la violencia en el país. Evidentemente, no detallaron el cómo pero seguramente se dará a conocer más información en unos días más. No es, sin embargo, la primera vez que la jerarquía católica le entra al tema de política y menos a uno tan delicado como el de la seguridad pública.

En este sentido, resulta interesante para el análisis político que los obispos católicos, en lugar de tratar temas de doctrina y fe, diseñen estrategias que tienen que ver con la responsabilidad del ámbito del funcionario y de gobierno, que con la razón de ser de la institución religiosa. Lo anterior no es novedoso porque si algo han ido logrando los obispos católicos en el país es, precisamente, utilizar su investidura para opinar sobre los temas de política, argumentando que están en todo su derecho.

Así, los obispos, en conferencia de prensa, detallaron el acuerdo al que llegaron después de una reunión de hora y media que sostuvieron el domingo pasado con el Secretario de Gobernación y con Mercedes Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la dependencia federal. En ese sentido dijeron: “Quedamos que la CEM, por medio de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, definirá los canales para este diálogo y contacto permanente. Será una manera concreta de hacer denuncias, de forma que pueda tenerse seguridad de parte de nosotros mismos y de la ciudadanía cuando se den situaciones de violencia”.

Entre otras estrategias, algunos prelados han tenido acercamiento directo con el Ejército, la Marina y la Comisión de Seguridad Nacional. Han tomado talleres para “tranquilizar a los feligreses” y saben orientarlos en temas de seguridad. Se han convertido, también, en los confesores por excelencia de ambos bandos: del ciudadano pero también del delincuente. Saben en dónde está quién y guardan la información, en su mayoría, hasta la muerte. El conflicto de la delincuencia pega en todos lados y nadie parece vacunado con la enfermedad.

Pero en la dinámica de la política y la fe, se pierden los límites. En la conferencia de prensa, los prelados develan su estrategia con inimaginable ingenuidad: en algunas parroquias funcionan los “centros de escucha” que son eso, centros en donde se atiende a las personas que quieren denunciar la violencia sin que vayan al ámbito gubernamental porque, dicen, ellos mismos luego están involucrados.

Y ya, muy a su estilo, remataron: “… ante el aumento de la violencia, en esta asamblea plenaria estudiarán cómo dar énfasis en la pastoral al tema de la paz como un tema fundamental, y que toda la evangelización lleve esta connotación”. Ojalá tanta ambigüedad no abra más campo en la política a estos actores, porque sigue vigente el principio de separación Estado-iglesias.

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