Sara S. Pozos Bravo

¿Qué es eso llamado objeción de conciencia?

El tema del Estado laico no ha muerto. Pocas, poquísimas personas saben qué es eso. Quienes saben, lo defienden. Quienes no lo saben o lo ignoran, lo avasallan. Nada gusta más a los “malquerientes” del Estado laico, que ignorarlo. En el Estado laico caben todas las creencias, todos los gnósticos, aún los ateos. Y caben, porque los principios rectores del Estado laico son la igualdad jurídica y la no discriminación.

Paralelo a los principios rectores está un derecho inalienable del ser humano: la objeción de conciencia. Con la reforma al artículo 24 constitucional del 2013, se incorporó el derecho a la libertad de conciencia pero no se reguló, precisó, matizó o aclaró el tema de la objeción de conciencia. Ante la ambigüedad de la ley, la interpretación dejó abierta la puerta para la violación al Estado laico. La libertad de conciencia supondría la libertad de actuar conforme a los dictados del individuo de su propia conciencia. Esta libertad es un presupuesto de todo orden jurídico porque el mismo existe asumiendo que toda persona es responsable de sus actos, pero no significa que puede practicar lícitamente y sin ninguna consecuencia jurídica cualquier conducta que su conciencia le dicte. Esta sería una primera premisa de dicha libertad. Una segunda premisa sería que una persona es libre de formar su conciencia de acuerdo a su nuevo pensamiento. Y una tercera premisa sería que una persona tiene la libertad de formar su conciencia de acuerdo con su fe religiosa.

¿Suponen las premisas anteriores una protección para que una persona se niegue a obedecer un determinado precepto jurídico aduciendo a su conciencia? No porque en las tres premisas anteriores se habla de libertades y no de la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué es la objeción de conciencia? Es precisamente el derecho a no obedecer un determinado precepto jurídico aduciendo a la conciencia y, lamentablemente, ni la reforma al artículo 24 constitucional ni la visión de los legisladores, anteriores o actuales, ha visualizado regular para definir el derecho a la objeción de conciencia.

¿Puede un funcionario público negarse a atender a un ciudadano aduciendo a la conciencia? Evidentemente tendría que ser un ciudadano que afectara su fe y, por tal razón, apelaría a su derecho a la objeción de conciencia. Desde mi punto de vista, considero que sí tiene el derecho, independientemente de si está o no regulado ese derecho, porque los derechos humanos son inherentes a la persona y, con regulación o sin ella, el derecho existe. Pero discutir este tema con los funcionarios públicos de muchos niveles de gobierno sería de pronto tiempo perdido porque si no conocen qué es el Estado laico, menos sabrán qué es la objeción de conciencia. Para el caso –me dirán ustedes- es lo mismo.

No obstante, insistiré en estos temas que, aparentemente, a pocos interesan pero que resultan trascendentales para el día a día en el quehacer del México actual.

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