Sara S. Pozos Bravo

El dogma del Procurador

El Procurador General de la República lo llama “verdad histórica”. Pero la historia y la verdad, distan, muchísimo, de ser justo eso y en la medida que el tiempo transcurre, la versión oficial se cae a pedacitos, se desploma. Porque lo que sí es una verdad histórica es la evidente incapacidad de todo el aparato de procuración de justicia, son las innumerables preguntas sin respuesta, la actitud indolente de un gobierno ineficiente y corrupto, el dolor y la frustración de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, las mentiras de los políticos locales y estatales de Iguala y Guerrero, respectivamente.

Porque es más fácil decir que murieron calcinados que encontrar los cuerpos de los chicos desaparecidos. Porque es más fácil construir una historia con base en mentiras que responsabilizar a los políticos y a las instituciones del gobierno de su participación en tan deleznable acción. Porque el procurador cree que seguimos en la época en la que nadie pensaba y todos aceptan las mentiras como verdades. Y porque el procurador no entiende que aunque él le llame “verdad histórica”, no por ello los mexicanos la vamos aceptar como tal.

Al asegurar que la versión oficial es una verdad histórica, el procurador de la República siente que su dicho debe ser creído como un dogma católico. Su palabra y la aparente certeza con la que lo dijo –que en eso los políticos son tan hábiles que no nos cuesta trabajo creer que estaba fingiendo- estaría en esa esfera de las creencias y no de los hechos, en el espacio donde actúa la fe y no la evidencia científica. La verdad histórica supone un hecho incuestionable en el que se han investigado todas las posibles líneas, a todos los implicados, a todos los sospechosos y buscando todas las causas, pero la única línea que la procuraduría siguió fue la del crimen organizado y no la de un ejército que actuó por orden de alguien a quien el gobierno de Peña Nieta está desesperado por encubrir. Evidentemente, al tomar ese camino, la Procuraduría no sólo no agota todas las posibles líneas de investigación sino que ello mismo implica el cuestionamiento serio, crítico de tan gravísima decisión.

Por eso, los padres de los normalistas desaparecidos, inmediatamente después de la versión oficial, lanzan una serie de preguntas a las que el indolente procurador debería de responder de manera clara y precisa. Por eso mismo, a la mayoría de los mexicanos mediamente informados sobre el tema, nos indigna la indiferente actitud del gobierno federal hacia estos acontecimientos en los que el responsable directo es el Estado. Un gobierno federal cuyo partido será medido en este año electoral en 16 entidades federativas. Un gobierno federal que en materia económica y laboral ha ido de fracaso en fracaso. Un gobierno federal enfermo, incapaz de tomar decisiones adecuadas, éticamente correctas, con una ciudadanía cada vez más exigente y con un aparato burocrático inservible, corrupto y deleznable.

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