En días pasados, al tomar posesión como candidato del partido Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso la creación de una “Constitución moral para el país” y advirtió sobre la necesidad de un “diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, diálogo de religiosos y no creyentes, diálogo para moralizar a México…”. Apenas terminó su discurso, las alarmas se encendieron. Nada más preocupante para el principio de laicidad del Estado mexicano que una declaración como la realizada por AMLO. ¿Cómo se puede llevar a cabo una constitución moral? ¿Requiere el país una constitución moral? ¿Cómo separamos la necesidad de un país con valores de las convicciones personales de un líder? ¿Qué entiende ese líder por moral y cómo pretende hacer realidad la república amorosa? ¿Qué entiende por república amorosa y dónde quedan los valores universales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos?
Interpretando sus palabras, AMLO intenta constituir, a la par de la Constitución Política, una Constitución Moral. Se refiere a este documento como un Código Moral. En este se incluirían los derechos fundamentales y principios de nuestro tiempo, sea cuales fueren estos. Con este documento pretende frenar la corrupción política y fomentar los valores, además de establecer las bases para la convivencia futura sustentada en el amor y el bien hacer para alcanzar la felicidad.
La laicidad, según Norberto Bobbio, como postura moral, sostiene justo lo contrario de lo que AMLO pretende. En la tradición de pensamiento liberal, la laicidad sostiene la “emancipación de la filosofía y de la moral respecto a la religión positiva, rechaza la verdad revelada, absoluta y definitiva, y en cambio promueve la búsqueda de verdades relativas mediante el examen crítico y la discusión argumentada”. Precisamente por la secularización primero y, posteriormente, por la laicidad se avanza en la ruptura del vínculo entre lo divino a través de la moral católica y el Estado. Gracias a la laicidad, la capacidad y el derecho de cada ser humano a pensar por sí mismo, sin limitaciones dogmáticas ni imposiciones hegemónicas se garantizan de manera absoluta y alcanzan su madurez en los Estados modernos.
Ahora bien, la laicidad entendida como el eje articulador de otros principios que, a su vez, garantizarán los derechos humanos de las personas, exige una imparcialidad del Estado en materia de creencias religiosas y gnósticas porque al hacerlo, también se fortalece la autonomía entre las Iglesias y el Estado.
Por lo tanto, hablar de una Constitución Moral no sólo advierte de peligros reales contra la forma de pensamiento liberal que rige al país, sino que atenta frontalmente contra la laicidad del Estado mexicano, golpeada por todos los flancos y frentes posibles. ¿Cómo acabar entonces contra la corrupción? Ese es un dilema que tendrá que resolver AMLO, pero que, en definitiva, no será con un documento que atente contra los principios universales e históricos que rigen nuestra Carta Magna.
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