Sara S. Pozos Bravo

Programa Nacional contra la Discriminación

Al igual que todas las reformas llevadas a cabo en este nefasto sexenio, los programas nacionales diseñados por la administración de Peña Nieto, sirven para depositarlos en la basura. Junto con muchas otras legislaciones y aspectos normativos, los programas nacionales se han convertido en letra muerta, nos han costado muchísimo dinero en pagos a la burocracia y continúan sin revertir o erradicar ese lastre que arrastramos los mexicanos como si nos pagaran por ello.

Tal es el caso del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación en el periodo de 2014 al 2018. El Programa es de carácter obligatorio para toda la Administración Pública Federal (APF) y, además, debería replicarse –al menos como estrategia- en los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo. Incluye y parte de un diagnóstico sobre la igualdad y la no discriminación en nuestro país, en el que se dejan tantos datos como ha sido posible documentar. Dice el texto “Subyace un entramado discriminatorio tanto en el ámbito de lo social y privado, como en el de la vida pública, institucional, cotidiana; una cultura institucionalizada de desvalorización de las identidades que requiere ser modificada en el marco normativo-administrativo para armonizarlo con la Constitución…”

Lo paradójico del documento y que además se convierte en evidencia, en dato duro del fracaso rotundo de todo el sexenio peñista, es el primer objetivo que se planteó el Programa. “Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer público”. Partiendo de este objetivo, las estrategias que se implementarían intentarían decir el cómo alcanzar ese primer objetivo. La primera de ellas es “Adecuar la normatividad y procedimientos en programas y servicios de la APF para garantizar igualdad de trato y oportunidades”. Pero el marco normativo no sólo no se ha adecuado sino que, lo peor, es que las iniciativas presentadas por Peña Nieto se han convertido en el pretexto perfecto para que los grupos ultraconservadores católicos, embistan al estado laico.

Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENDIM) –dice el diagnóstico del Programa- los principales motivos por los que las personas se han sentido discriminadas en este país son: 1) no tener dinero; 2) su apariencia física; 3) su edad; 4) ser hombre / mujer; 5) su religión. Si bien la ENDIM nos dice el problema, nos faltan elementos para entender por qué los mexicanos discriminamos tanto a otros mexicanos. ¿Cómo le hará el gobierno, sus instituciones y sus legisladores si la oportunidad para decretar una ley la convierten en el pretexto perfecto para imponer su particular punto de vista en detrimento de los derechos de terceros? La respuesta, en teoría, había quedado descrita en el inservible documento de un programa nacional.

La base de todo estriba en el respeto irrestricto del otro para verlo igual que nosotros. No hacerlo es tener suficiente miedo como para negarle sus derechos.