Sara S. Pozos Bravo

Naciones Unidas y el Vaticano

El Vaticano fue llamado a cuentas y reprobó. Ni de panzazo pasó. Faltó a la verdad, eludió preguntas, utilizó sus recursos diplomáticos, no protegió a los más débiles y parece continuar con una falsa política de rendición de cuentas que se convierte en un absoluto interés mediático. Nada más. Eso no es novedoso en una institución milenaria que ha aprendido sino que ideado las más perversas formas de violación a los derechos humanos. Lo que sí fue histórico –y que se advertía desde hacía más de un año- fue la comparecencia del Vaticano ante el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra. El escrutinio casi inquisidor de los expertos en esta materia, puso más que nerviosos a los representantes del Vaticano. Las preguntas se centraron, principalmente, en la responsabilidad institucional que adquirieron las diócesis y arquidiócesis de todo el mundo, al aplicar la política internacional impulsada desde la Santa Sede en la que se instruía e instauraba la movilidad de los sacerdotes de una a otra diócesis y el ocultamiento –sino que desaparición- de los documentos oficiales canalizados vía valija diplomática para garantizar la impunidad de los sacerdotes pederastas y paidófilos.

El representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, Silvano Tomasi, se concretó a reproducir el discurso del Vaticano de responsabilizar a las autoridades humanas de investigar estos delitos, tema que sin problema queda claro; sin embargo, Tomasi eludió -como lo han venido haciendo muchos jerarcas católicos aún en las más altas esferas diplomáticas- la responsabilidad que tuvo la Santa Sede al impulsar y establecer una política mundial de encubrimiento e impunidad. Esta situación salpica al mismísimo Papa, tanto en tiempos del especialista en manejo de medios, Juan Pablo II, como al Papa emérito, Joseph Ratzinger.

Pero, a pesar de que Tomasi no dijo ni el cómo ni el por qué no han entregado a la justicia o separado de los cargos a miles de sacerdotes pederastas, aportó datos que resultan escalofriantes: En 2012 se habían documentado 612 casos de abusos sexuales que involucran a sacerdotes. De este número -la ambigüedad del representante del Vaticano era tan evidente como el negro de su sotana- 465 eran casos “mas serios” y 418 fueron “abusos a menores”.
En el lenguaje del diplomático, un abuso a menor no es un caso serio pero entonces, qué es un caso serio para el Vaticano.

El argumento central para no hacer públicos los nombres de los sacerdotes implicados y el número exacto de pederastas al interior del clero, es el tema del derecho a la privacidad de las víctimas. El derecho a la privacidad puede y debe mantenerse en todo momento y el Estado está en condiciones de garantizarlo en los casos de los sacerdotes pederastas; sin embargo, ello no implica ni es una condición para garantizar la impunidad del agresor sexual. En eso, como en muchas otras cosas, el Vaticano erra. Ojalá y no por mucho tiempo más.

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