Sara S. Pozos Bravo

Michoacán

Fue el experimento de Calderón. En 2007, cuando la “estrategia contra el crimen organizado” había cobrado forma en el cerebrito del pequeño ex mandatario, ordenó el arribo de la Policía Federal y de militares en Michoacán. La ciudad parecía un golpe de estado. Aún en la capital, en Morelia, los convoyes de camiones del ejército oscurecían el ambiente. Más hacia “Tierra Caliente”, la cosa se ponía peor. Allá se apostaron la mayor parte de los federales y de los militares. Pero la cosa, en lugar de mejorar, empeoró. La violación a los derechos humanos, la desaparición forzada y el secuestro, fueron en aumento exponencial. Y de las fuerzas del orden, la que más involucrada estaba en estos temas, era la castrense.

Cinco años así. Con vaivenes de convoyes, de uniformados armados hasta el tope, de enquistar esa zozobra de inseguridad a medias, de percibir el fracaso de una estrategia irresponsable. Cinco años y no sólo no se detuvieron a los líderes del cártel de la Familia Michoacana, sino antes, al menos un año antes de hacerse pública la presencia del cártel de los Caballeros Templarios, la Procuraduría del Estado había conocido la ruptura de la Familia Michoacana y el establecimiento del nuevo cártel. Era un secreto a voces pero las autoridades estatales y municipales, involucradas y embarradas de la corrupción a lo largo y ancho del Estado, lo negaron todo el tiempo.

Pero esos años, del 2008 al 2011, antes de la elección presidencial, se podía vivir y pasear y pasar por la llamada “Tierra Caliente”. Entonces, el adjetivo de la región se vincula a lo caluroso del ambiente, a las elevadas temperaturas que por primavera rondan los 50 grados centígrados. Pero ahora, justo esa referencia termina por entenderse con lo “caliente” de la violencia, de las muertes, de los secuestros.

Así, hasta que el año pasado, cuando los denominados grupos de “Autodefensa”, se armaron quién sabe de dónde y decidieron defender la libertad que no sólo el crimen organizado les había robado sino la que las autoridades no habían sabido –o querido- defender. Y comenzó el enfrentamiento y éste impactó en Jalisco, principalmente. La reacción del Gobierno de Jalisco fue clara y no se hizo esperar. Y aunque el impacto aún se percibe, las acciones del Gobierno han ido revirtiendo los destrozos sociales en Jilotlán de los Dolores y en Santa María del Oro.

Lo lindo de un estado privilegiado en sus alrededores, en su sierra, en sus ciudades coloniales, ha desaparecido. La inacción de un gobierno que no sólo tiene al ejecutivo enfermo sino que la evidente indolencia parece permear a todos los niveles gubernamentales, tiene a Michoacán en donde está: en los enfrentamientos armados de ciudadanos que, legítimamente, no quieren dejar las armas hasta garantizar que jamás, por ningún motivo, vuelva a serles arrebatada su libertad. Ciudadanos que siguen desconfiando de sus autoridades y siguen esperando, con urgencia, que alguien acaba con el lastre de esos grupos pernicioso.

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