Sara S. Pozos Bravo

¿Exámenes de confianza?

El tema es actual y es debatible: ¿son los exámenes de confianza, realmente confiables? ¿quién los aplica?, ¿qué criterios utilizan?, ¿son suficientes para determinar la estancia o no del policía?

A Hernán Guízar... sólo vamos de paso

Algo está mal en el país. Las instituciones están quebradas porque los esquemas legales fueron creados para un país inexistente, para una clase política que las diseña a su antojo y para una sociedad que, hasta antes de Ayotzinapa, era indiferente. Ahora las cosas están cambiando porque la sociedad se dio cuenta de la aberrante forma de hacer política de nuestros gobernantes y en materia legal, las leyes deberían de ser revisadas a la luz del modelo de Estado que cada seis años, en teoría, elegimos.

En materia de seguridad pública, el modelo actual –derivado de una ley impuesta y diseñada bajo un modelo de Estado opresor y violador de los derechos humanos en el anterior sexenio- sigue confirmando el fracaso de una política basada en la depuración de las corporaciones relacionadas con seguridad pública, que no ataca el problema de fondo. Una ley cuyo único criterio deja en manos de una persona el futuro de miles de policías.

Dos casos recientes nos hacen dudar de los famosos exámenes de confianza: el caso de la policía de Ayotzinapa y el caso de tres policías de la Fuerza Única de Jalisco que fueron encontrados infraganti. En ambos casos, los policías habían aprobado los exámenes de confianza. En ambos casos, los elementos policiales infringieron la ley. En ambos casos, el modelo policial no fue cuestionado por el tema de los resultados en los exámenes sino por lo ofensivo que resultó para la sociedad cada caso. Podríamos enlistar una serie de acontecimientos similares y temas en los mismos términos: policías que pasan los exámenes y que luego cometen ilícitos y policías íntegros que por alguna razón desconocida, son señalados como no aptos y tienen que dejar sus cargos. 

El tema es actual y es debatible: ¿son los exámenes de confianza, realmente confiables? ¿quién los aplica?, ¿qué criterios utilizan?, ¿son suficientes para determinar la estancia o no del policía?, ¿deberíamos de modificar la ley para adecuarla a otros estándares?, ¿qué seguimiento le debería de dar el Estado a los elementos que dejan las corporaciones?, ¿qué responsabilidad debería adquirir el Estado frente a un esquema a todas luces inservible?, ¿están certificados los que aplican los exámenes?, ¿quién los certifica?, ¿debería de haber un área de apelaciones a los resultados?

La seguridad pública no es un tema menor. Es la mayor demanda social y la mayor exigencia ciudadana. Un altísimo porcentaje del gasto público se destina a temas de seguridad pública (selección, capacitación, certificación, armas y equipamiento, y un largo etcétera). Pero si no cambiamos el modelo, el remedio será peor que la enfermedad. Las corporaciones policiacas están mermadas, están diezmadas en términos numéricos pero también en términos anímicos. Y eso poco parece importarles a los políticos cuyos discursos siguen sin explicar la dimensión del problema al que se enfrentan y que, ciertamente, ha sobrepasado a algunos de ellos.

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