Sara S. Pozos Bravo

Crímenes de lesa humanidad

Eso es lo que ha sucedido en Guerrero. Y tal cual debe de decirse con todas sus letras. El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, define los crímenes de lesa humanidad como sigue: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre los crímenes enlistados en el Estatuto y los cometidos en el caso de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, están: a) Asesinato, b) Tortura, c) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos […], d) Desaparición forzada de personas. Al menos cuatro crímenes. El de asesinato no se ha siquiera mencionado porque la exigencia ciudadana y la esperanza de miles de mexicanos es que los chicos aparezcan con vida. Pero la realidad del país nos ha enseñado lo contrario: justo cuando un político dice blanco, en realidad es negro; cuando dice transparencia, en realidad es corrupción; cuando habla de defender los derechos humanos, en realidad los transgrede como ninguno.

Ningún político, de ningún nivel gubernamental, se ha atrevido a decir que lo ocurrido en Ayotzinapa es un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. El día de ayer por la mañana, en entrevista con Carmen Aristegui, Edgardo Buscaglia aseguró que estábamos ante eso, ante crímenes de lesa humanidad. De ahí el interés de Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de miles y miles de personas que en todo el mundo se han manifestado de una y mil maneras para exigir justicia y evitar que estos crímenes vuelvan a cometerse, porque la tentación del poder político por acabar con los jóvenes es real. Porque en nuestro país, suman más de 25 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, cuyo paradero al día de hoy se desconoce. Y se desconoce porque el Estado ha fracaso en su intento de prevenir el crimen pero luego también en su intento de resolverlo. Esa es lo que provoca la indignación social, el fracaso absoluto de un sistema que se corrompe constantemente y que permite la corrupción en todos los sentidos y hacia todos lados.

El gobierno de Guerrero es responsable directo de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa entidad federativa. Y por omisión y tardía reacción, el gobierno de la República también lo es. Y la justicia internacional podría, en algún momento, intervenir para juzgar a tantos responsables como hubiere habido en este caso. Y juzgados bajo los parámetros de la norma internacional con jueces preocupados por hacer justicia y no por ocupar un cargo público.

Y ya es tiempo que se juzgue por sus acciones u omisiones a tantos funcionarios y gobiernos que se han cansado de enriquecerse de manera ilícita a costa de nuestros recursos, que han violado la ley y que han hecho uso de la fuerza pública contra la población civil.

 

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