Sara S. Pozos Bravo

Código del silencio

Lo dijo José Barba. También Alberto Athié. Otros más lo señalaron hace ya algunos años, en 1997 o antes. Y por su dicho fueron juzgados, expulsados y señalados. José Barba decidió escribir cartas al Vaticano convencido que el poder del fundador de los Legionarios de Cristo no las alcanzaría. Se equivocó en los ochenta, en los noventa y aún en la década pasada. El poder de Maciel llegaba hasta los mismísimos pasillos del Vaticano, porque la red de impunidad se originaba ahí.

Cuando los casos de abuso sexual a menores de edad por parte de Marcial Maciel se hicieron públicos en 1997 en México, la presión de diferentes actores públicos y privados permitieron ocultarlos por algunos años más. Pero a principio de la década pasada, un reportaje de investigación en el periódico The Chronicle Boston reventó la burbuja que el Vaticano había construido mediante una especie de circular que instauraba la impunidad como una política mundial de la Santa Sede.

Entonces los casos comenzaron a salir en un montón de países. Europa, fiel a la tradición medieval católica, tenía en sus filas a los países con más casos de pederastia y pedofilia en los sacerdotes católicos: las iglesias católicas en Irlanda, Alemania y España, principalmente, cumplían al pie de la letra la circular secreta enviada por el Vaticano, removiendo a los sacerdotes pederastas de parroquia en parroquia, depositando en la valija diplomática de los nuncios y delegados papales toda evidencia de casos de violación sexual a menores.

Pero José Barba y Alberto Athié, entre otros, jamás dejaron de luchar y, unidos a otros actores sociales, llevaron a la Santa Sede ante Naciones Unidas y hace poco tiempo, apenas un par de meses, el peso de la culpa finalmente recayó en los hombros del Vaticano: el código del silencio fue impuesto por el mismo Vaticano para garantizar la impunidad de los sacerdotes pederastas. Pero frente al peso de la culpa, el Vaticano, impuesto a vivir en la ignominia, ignorarla y burlarse de todos cuantos lo señalan, sigue sin entregar los nombres de los sacerdotes que desde 1967 y hasta 2011 habían abusado sexualmente de menores. Lo hace porque le conviene, porque sería escandaloso e insoportable para muchos el aceptar que el Vaticano instauró un sistema político internacional que protegía a delincuentes, violadores de menores pese a las exigencias de los más débiles.

Por eso, para recordar que la Santa Sede, quienes representan su estructura diplomática pero también quienes viven de la fe católica en el sacerdocio no pueden ni deben permanecer impunes, se llevó a cabo un foro en la Cámara de Diputados en el que participaron el ex sacerdote Alberto Athié, Sara Oviedo –activista por los derechos de la niñez- entre otros actores. Los activistas buscan cómo, en términos jurídicos, se pueda fincar responsabilidad penal contra quienes, plenamente conscientes de lo que hacían, guardaron silencio destruyendo la vida de más de doscientos mil menores de edad.  

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