Urbi et Orbi

Que si no tiene (dinero) porque no tiene; que si tiene porque tiene

Parece trabalenguas pero no lo es. Desde hace tres años el tema del combate a la delincuencia tuvo una incorporación discursiva en el espacio de las discusiones públicas, en el que poco recaímos. Se empezó a hablar de seguridad ciudadana y de los diversos tipos de violencias que configuran un contexto de inseguridad pública. Este campo dejó de ser exclusivo de policías y ladrones, víctimas y derechos humanos y comenzó a involucrar a ciudadanos y a mostrar percepciones como realidades.

Al ser un asunto nuevo, en nuestras conversaciones y en nuestros horizontes de acción pública, como ciudadanos vinculados a organizaciones, nos hemos visto orillados a aprender del tema y algunas, es mi caso, nos ha dado por seguirle la pista a los dineros del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, SUBSEMUN, el fondo federal de donde se compran pistolas y patrullas y se equipan a las policías.

Los datos vienen a cuento dada la coyuntura abierta por el caso del joven de la secundaria del Coecillo golpeado por compañeros y enviado al hospital. Los hechos revelaron la impreparación de las autoridades educativas y de la seguridad pública municipal para realizar intervenciones en recintos y entornos escolares problemáticos de tiempo atrás, pues en esa misma escuela hubo un joven picado en otro episodio de acoso escolar.

Relaciono ambos asuntos porque desde 2011 el SUBSEMUN abrió la cartera del subsidio precisamente a proyectos de prevención. En el catálogo de este fondo, los municipios pueden “concursar” por diferentes programas y León había sido activo y exitoso al acceder a este recurso pues entre 2011 y 2012 ejerció un total global de 49 millones de pesos, con 16 proyectos en 2011 y 18 en 2012, que sumaron 23.5 y 26 millones de pesos respectivamente. Para el 2013, el primer año en que la presupuestación y gestión de recursos es total responsabilidad de la administración priísta, sólo se obtuvieron 15 millones de pesos para 8 proyectos.

En la lógica del SUBSEMUN, los proyectos de prevención tienen una prelación o rango de prioridad desde 2011, pero fue hasta las reglas de operación de 2012 en que éste se afianzó; hipotéticamente, lo primero que debiera tener un municipio es un Diagnóstico y un Plan Municipal de Seguridad y atención a la violencia, ambos con posibilidad de financiamiento del fondo federal; luego debían plantearse proyectos como el Observatorio que permitiría evaluar las acciones que se deriven de los primeros.

León, sin embargo, empezó al revés o con un poco de desorden: apenas a fines del 2012 contrató el Diagnóstico (a la Universidad de Guanajuato por 1 millón de pesos), aún no cuenta con un Plan y sin embargo ya tiene modelos de acción en prevención de la violencia con grupos específicos de población (como las escuelas, la violencia intrafamiliar o de pandillas).

A través de transparencia, obtuve la relación de proyectos contratados por León primero de 2011-2012 y, más recientemente, de 2013; más allá de los vaivenes presupuestales, queda claro que tenemos mucho conocimiento escondido que se ha contratado a dependencias municipales, pero principalmente a asociaciones civiles y personas físicas. Lamentablemente, del único proyecto que llegamos a tener reportes públicos de resultados fue del SIGU, uno de los que la presente administración decidió enviar al limbo. Del resto, no hay a la fecha un repositorio público de proyectos que se antoja conocer sus resultados o conclusiones, como el de “prevención de accidentes y conductas violentas en jóvenes ocasionadas por el alcohol”, los “modelos de mediación comunitaria y escolar” o el de “promotores comunitarios que contribuyen a la cohesión ciudadana”.

Simplemente, relacionado al tema del bullying o acoso escolar, el municipio pagó en 2011, 1.2 millones de pesos a Patricia García Zavala, por “establecer y aplicar modelos de mediación comunitaria y escolar”, al SEBAJ, 2.9 millones por otros “programas de atención a la violencia escolar, intrafamiliar y contra las mujeres” y al DIF en 2012 un “programa de prevención de violencias en planteles escolares” por un total de un millón 750 mil pesos; también en 2011 contrató a 32 personas como “estudiantes agentes de cambio” por un total de 768 mil pesos y a un consultor en criminalística, Jesús Ricardo Santos, por una “investigación focalizada en niñez y delincuencia social” a quien se pagó 600 mil pesos. Estamos hablando de una inversión de poco más de 7 millones de pesos de la cual no sabemos dónde se aplicó, qué frutos o aprendizajes entregó y lo que es peor, que se juzgó irrelevante, como al SIGU, darle seguimiento en 2013 y por tal razón no se solicitó presupuesto relacionado para este ejercicio.

¿Qué ha pasado con toda esta producción de conocimiento concreto sobre la inseguridad local? ¿Quién ha revisado los diagnósticos y articulado las conclusiones que, en teoría se contienen en ellos, con la operación cotidiana de las corporaciones o con los esfuerzos vecinales o de organizaciones civiles en pro de la seguridad, de la atención a la violencia escolar, a la violencia de las pandillas o contra las mujeres?

Es muy común que las autoridades locales se quejen de falta de recursos para adelantar soluciones, pero con las problemáticas de violencias sociales relacionadas con la seguridad púbica como lo es el bullying o las pandillas, estamos ante el caso de que ni teniendo dinero hacemos avanzar en algo los remedios.

La lectura más mediática o partidista pondría el foco en que esta administración ha sido menos eficaz para obtener recursos del SUBSEMUN en materia de prevención. Creo que además de ello debe observarse si el Ayuntamiento está desaprovechando la oportunidad dorada de que los recursos y acciones de prevención y participación ciudadana en seguridad tengan una mayor coherencia y que el conocimiento generado se movilice precisamente a favor de una mayor participación y resultados de prevención. Veremos qué se informa en la segunda reunión trimestral del Consejo de participación ciudadana en seguridad pública reformado; ojalá no les hayan dicho a sus integrantes que hay que empezar de cero.