Urbi et Orbi

La Doctrina Cabeza de Vaca

El martes pasado se celebró en la Presidencia Municipal la segunda reunión trimestral del Consejo de Consulta y participación en materia de seguridad pública. Este organismo es uno de los once consejos consultivos con que cuenta León y su objetivo es “fomentar la participación de la sociedad civil, en colaboración con las instancias públicas respectivas, en la planeación, elaboración, evaluación y supervisión de las actividades en materia de seguridad pública y prevención del delito”.

Este organismo comenzó sus trabajos con dilación de casi un año respecto del cambio de administración porque el actual Ayuntamiento estudió cambios en su conformación, periodicidad para reunirse y en general, el modo de trabajar y lo que era esperable de esta entidad consultiva.

La primera reunión que tuvo el reformado Consejo fue protocolaria, de presentación de los integrantes y para organizar las comisiones de trabajo. La segunda sesión ordinaria prometía algo más de sustancia pero al llegar –un puñado de reporteros y público, conformábamos la audiencia- nos recibieron con cajas destempladas, con una decisión que me regresó a los días en que el Secretario de Seguridad municipal era Alvar Cabeza de Vaca.

El orden del día de la sesión contemplaba diez puntos entre bienvenida, pase de lista, aprobación de actas de sesiones previas y asuntos generales, pero resulta que el Municipio decidió que los dos únicos asuntos con contenido no protocolario se desarrollarían a puerta cerrada sin posibilidad de escuchar u observar lo que se expusiera.

Los puntos reservados estaban descritos en el orden del día así: exposición de la operatividad de la vigilancia policial en el primer cuadro de la ciudad y Presentación de la Dirección de Prevención del Delito; para sacarnos de la Sala de Cabildo llamaron al titular de la Unidad de Acceso a la Información (UMAIP), Juan José Jiménez, quien exhibió el Acuerdo de clasificación ACR-2010-000022 como respaldo a la decisión de realizar esa parte de la junta con carácter de reservada, es decir sin presencia de observadores ciudadanos o prensa.

Este acuerdo fue dictado en Octubre de 2010 cuando la titular de la UMAIP era Itzel Corona y establece: se reservan por 10 años “información relativa a personal operativo destinado a las tareas de patrullaje y prevención el delito y criterio de vigilancia”.

El Acuerdo esgrimido es un ejemplo de lo que llamo la Doctrina Cabeza de Vaca que se inauguró cuando el hoy Secretario de Seguridad Pública estatal ocupó el cargo de mismo nombre a nivel municipal, en el trienio de Vicente Guerrero.

Se trata de criterios muy elementales con que el funcionario resolvía las peticiones de acceso a la información en materia de seguridad pública, con escasa argumentación basada en los principios de transparencia y privando lógicas, si puede llamarse así, como “entre más secreto más seguro”, “atrás de un ciudadano que busca información sobre seguridad pública probablemente hay un delincuente”, “toda información sobre seguridad que se llegara a entregar al público pone en riesgo a las autoridades”, “la información sobre seguridad es muy delicada y no se puede proporcionar a cualquiera” y cosas así. La determinación de Alvar no recibía ningún matiz del entonces titular de la UMAIP, Marcos Gabriel Sánchez, y recuerdo que llegué a sostener un litigio de cerca de año y medio (llegó hasta el Tribunal de lo Contencioso) discutiendo si tenía razón la autoridad en declarar información reservada los nombres de los integrantes de su entonces Consejo Consultivo de Seguridad Pública. Aquella cadena de recursos y juicios la perdió el Municipio que, cuando ya Alvar iba de salida, me entregó el listado de nombres.

Paradójicamente ya sin él, lo que se consolidó fue su doctrina de dictar Acuerdos de reserva como el que me exhibieron el martes pasado. Aunque el documento esté firmado por Itzel Corona, titular de la UMAIP en tiempos del alcalde Sheffield y éste no compaginara con el estilo del mismo Álvar Cabeza de Vaca,  el Acuerdo sigue su hechura. En dos líneas se abarca o puede abarcar prácticamente cualquier asunto que se proponga tratar el Consejo de Consulta y Participación en Seguridad Pública, o la dependencia misma.

Además, su aplicación en el caso de la sesión de Consejo Consultivo me genera las siguientes dudas: ¿Es válido hacer privada o reservar una sesión completa o una parte de una sesión con un mismo Acuerdo de reserva como si la información materia de las exposiciones fuera idéntica a lo que en su origen motivó la reserva? ¿Puede cualquier funcionario integrante del citado Consejo sacar a relucir este Acuerdo en otras ocasiones sin que lo valide la UMAIP? ¿O el titular de la UMAIP debiera estar obligado a emitir una reserva por cada presentación que amerite quitar de la observación del público?

Tal como ocurrieron las cosas el martes 19, el proceder del Municipio, a través del titular de la UMAIP, me deja indefensa de ejercer mi derecho de acceso a la información porque al esgrimirse un Acuerdo de reserva “genérico” nulifica la posibilidad de inconformarme contra el acto de autoridad de sacarme de una reunión pública que se celebra en 2013, con base en una clasificación de información establecida años antes y dictada por una autoridad que ya no está en funciones.

Pregunté a Juan José Jiménez si él, única autoridad en materia de transparencia,  había conocido el contenido de las presentaciones o información que se vertiría en los puntos en que nos sacaron de la junta de modo que estuviera en posibilidad real y legal de avalar la aplicación del Acuerdo de Reserva. Evadió la respuesta pero fue claro que la aplicación se daba únicamente por petición de alguien el Ayuntamiento pues, paradójicamente, el propio Director de Prevención del delito, quien hizo una de las presentaciones censuradas, había invitado a los reporteros a presenciarla pues no contenía datos sensibles o que ameritaran la reserva.