Contra el uso faccioso de las contralorías

En el ya lejano 1 de enero de 1998, se ensayó un experimento, novedoso e interesante para el nombramiento de los contralores municipales. Por primera vez, los titulares de esos órganos de control fueron propuestos no por el presidente municipal, como el resto de los funcionarios de primer nivel, sino por la primera minoría del Ayuntamiento, esto es, por la oposición.

Fue una respuesta que la clase política de Guanajuato dio en ese momento a la necesidad de apertura y mayor transparencia en los gobiernos municipales. Fue un paso que no se dio en el Estado, donde el órgano de control equivalente -la Secretaría de la Contraloría, después Secretaría de la Gestión Pública y ahora Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas- siempre ha estado en manos de personas de la confianza del gobernador en turno, como ocurrió en el caso del actual gobernador Miguel Márquez Márquez, quien fue secretario de la Gestión Pública de Juan Manuel Oliva, su jefe e impulsor.

Pues bien, en el caso de León, el experimento funcionó con éxito razonable cuando los contralores fueron propuestos por el Partido Revolucionario Institucional. Se hizo trabajo serio en esa dependencia durante cinco trienios. El único saldo negativo para el PRI fue que los tres primeros contralores -Juan Segoviano Valtierra, Baudelio Zamora y Alejandro Gómez Tamez se encariñaron tanto con sus jefes, terminaron trabajando posteriormente con los panistas: Juan Manuel Oliva, Luis Ernesto Ayala y Ricardo Sheffield, respectivamente.

Durante este Ayuntamiento 2012-2015, sin embargo, la Contraloría ha dado muestras de conducirse más por la teleología político partidista que por criterios técnicos.

Con la mayor ligereza, documentos cuya confidencialidad debe ser resguardada por la Contraloría, son filtrados a medios de comunicación adversos a la administración, para que éstos hagan el trabajo sucio de pegarle a servidores públicos a placer, sin que haya resolución alguna sobre la culpabilidad o responsabilidad de algún servidor público.

El principio de presunción de inocencia, que se traduce en el derecho humano de ser considerado inocente mientras no se concluya lo contrario, es violado sistemáticamente en perjuicio de la honorabilidad y buen nombre de servidores públicos municipales. En una entrega anterior, ya hablamos aquí del caso del contador Roberto Pesquera Vargas a quien se intentó linchar y subir al patíbulo desde hace meses, mientras que apenas, sí apenas, en unos días está por iniciar el estudio del deslinde de responsabilidades por una auditoría que se hizo no al tesorero sino a la Dirección General de Egresos de Tesorería y en la que también con gran ligereza se concluyó daño al erario público por varios millones de pesos.

Y para filtrar impunemente, la Contraloría se ha sacado de la manga una fórmula que le ha dado resultado hasta ahora: cita a sesión de la Comisión de Contraloría. Se invita a los reporteros de la fuente para que asistan al show. Se trata el tema que se quiere ventilar con el mayor desparpajo, aunque se trate de información reservada por ser procesos no resueltos, los regidores piden la información por escrito, y ya está todo listo para que los medios acribillen a quien más le traigan ganas. Y el contralor puede negar que él haya filtrado la información, porque como son varios los regidores que la tenían, pues allí ya no se supo quién fue.

Quiero comentar que en el Ayuntamiento encabezado por el Lic. Ricardo Sheffield Padilla, en mi calidad de regidor del Ayuntamiento, formé parte de la Comisión de Contraloría, presidida por el C.P. José Arturo Sánchez Castellanos, y siendo contralor el C.P. José Cruz Hernández Moreno.

En ese tiempo no ocurría lo que ahora, porque entonces se trabajaba con seriedad y profesionalismo. Cuando había que tratar un asunto en curso, se le pedía respetuosamente a los representantes de los medios de comunicación que abandonaran la sala en la que se llevaba a cabo la sesión de la comisión, y por supuesto que a los regidores no se les repartían copias del expediente. Si alguien quería imponerse de él, lo podía hacer, pero no andaban circulando las copias como si fuesen volantes.

Hoy la disciplina se ha relajado, con el evidente ánimo de golpear a la administración de la que la propia Contraloría forma parte. Pero al hacerlo se ha rebajado el nivel, de tal manera que el método de designación del contralor, parece agotado.

Por eso parece plausible  la reforma que hizo el Congreso del Estado a la Ley Orgánica Municipal a efecto de que este método ya no sea utilizado, sino uno nuevo en que la sociedad civil participe con propuestas.

Esta reforma se hizo en 2012, pero ante la derrota del PAN en municipios de tal importancia como León, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Silao, Pénjamo y otros, el grupo Parlamentario del PAN, hizo uso de su mayoría para darle a esa reforma una vacatio legis de más de tres años. De esa forma tuvieron contralores en esos municipios que perdieron, a pesar de la reforma.

Por falta de espacio ya no se comenta aquí la reforma. Pero esperamos poder hacerlo en un artículo ulterior. Pero la reflexión por lo pronto ahí queda: es necesario que las contralorías ya no sean utilizadas como arma política del partido derrotado, pues es contra natura que un área de la administración, creada para el mejoramiento de la gestión pública, sea usada para intentar destruir a la propia administración. Pero la mejor opinión la tiene usted.