Cómo despedir a un tesorero

La Contraloría Municipal de León tiene en marcha una auditoría a la Dirección General de Egresos de la Tesorería.

Con base en esa auditoría, algunos miembros del Ayuntamiento han imaginado que pueden destituir al tesorero y, para esto, han manejado la posibilidad de convocar a una sesión secreta del Cabildo. Dicen que cuentan con ocho votos, que son mayoría absoluta y, por lo tanto, suficiente.

Primero hay que decir que la realización de auditorías no es algo extraordinario o que en sí misma indique de entrada que alguien ha cometido irregularidades. De ninguna manera, la auditoría es una práctica cotidiana y constante de los órganos de control. Para eso han sido creados por la ley, esa es su naturaleza y mal harían si no auditaran permanentemente a la administración.

Las auditorías normalmente arrojan observaciones, que los entes auditados pueden solventar. Por eso se llama auditoría precisamente, porque el “auditado” puede ser oído, es decir, tiene garantía de audiencia.

Una observación es una aparente irregularidad o un aparente desapego a la norma que debió aplicarse. Hay que recordar que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la norma les faculta expresamente. Entonces la Contraloría le dice al ente: mira, tienes estas y estas irregularidades (observaciones) y el ente auditado (dependencia) contesta, argumenta, ofrece pruebas, para intentar quitarle valor a esas observaciones. A eso se le llama solventación.

Entonces la Contraloría emite una resolución final y esa resolución todavía puede ser combatida mediante otro escrito denominado recurso de reconsideración. Cuando la Contraloría lo resuelva sólo entonces se puede decir que ha terminado la auditoría. Y en esa parte estamos: a la espera de que el Contralor resuelva.

Ahora bien, en los medios de comunicación hay quienes hacen escándalo. Que la auditoría. Que las irregularidades. Etcétera. Pero bien a bien no nos dicen cuáles son ni se sabe cuál es la gravedad de las supuestas irregularidades.

Aquí vamos a comentar sólo una de esas supuestas irregularidades.

Que se hicieron contratos con empresas, cuyos domicilios no coinciden con el que declararon. Para quien no conoce ni jota de derecho civil esto pudiera parecer una gran irregularidad. Alguien ignorante se rasgaría las vestiduras diciendo que se trata de empresas fantasmas y, si actúa de mala fe, por más que se le explique no va a entender. Recordemos que un fanático es aquel que no quiere cambiar de opinión ni quiere cambiar de tema.

Pero bueno, en todo caso se trataría de una irregularidad de la empresa que no está dando la información correcta sobre dónde opera realmente. Y eso francamente a la administración municipal le importa un cacahuate, o menos. Lo que importa es que preste el servicio o entregue los bienes para que se le contrató.

Pero yendo más a fondo, ni siquiera se trata de una irregularidad de la empresa. El derecho civil contempla diferentes tipos de domicilio, que los puede tener tanto una persona física como una persona moral o mejor dicho persona jurídico colectiva, como lo son la mayoría de las empresas: domicilio legal, domicilio fiscal, domicilio procesal y domicilio convencional.

Los domicilios proporcionados por las empresas sobre las que se hace la observación, son domicilios convencionales, esto es, para oír y recibir notificaciones. Es un derecho que tienen conforme al código civil y no hay irregularidad alguna, sobre todo cuando no se hace una sola observación sobre los trabajos para los que fueron contratadas.

De manera que estamos muy lejos de que haya empresas fantasmas. Los fantasmas no existen y lo que no existe no puede producir trabajos tangibles, como ocurrió. Y por ese estilo van el resto de las observaciones.

Ahora, suponiendo que sí quedara acreditado que hay irregularidades, estamos ante una auditoría no al tesorero, sino a la Dirección General de Egresos. De ahí a demostrar que el tesorero cometió algunas faltas, hay cierto camino que recorrer y que sería a través de un procedimiento de responsabilidad y ese ya es otro tema en el que también él tendría su derecho al debido proceso a salvo.

Y suponiendo que se demostrara que cometió algunas faltas, para poder destituirlo tendrían que hacer que esas faltas encuadraran en alguna de las 4 únicas causales que señalan las fracciones I, II, IV y XI del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades para poder destituir al titular de una dependencia y que dichas de manera rápida y simple se refieren a obtener dinero u otros beneficios de proveedores u otras personas, a ganar un contrato o licitación ya sea él directamente o una de sus empresas o a adquirir bienes inmuebles ventajosamente aprovechando la información que tenga con motivo de su cargo. De manera que no es así de fácil como convocar a una sesión secreta, juntar 8 votos y destituir. Eso se podría hacer en un pueblo atrasado del siglo XIX, donde un tirano ignorante y salvaje mana. Pero en la quinta ciudad más importante del país en el siglo XXI lo menos que podemos esperar de nuestras autoridades es conocimiento, capacidad y apego a la legalidad.

Sin duda, detrás de este lance contra el tesorero hay intereses políticos promovidos desde diferentes frentes. Unos, en plena campaña electoral, quieren dañar al PRI, y otros, en su visceral ignorancia, no alcanzan a ver que la consecuencia más concreta de pegarle al tesorero es dañar al doctor Córdova.

Si el tesorero se quiere ir, está muy en su derecho. Además es un profesionista con una trayectoria que realmente no tiene necesidad de permanecer. Pero si lo que quieren es correrlo y humillarlo por amargura y envidia, que primero se pongan a estudiar. Es lo menos que puede exigir cualquier leonés a sus representantes.